En medio de la polémica por la ley sobre los llamados delitos mediáticos que discute actualmente la Asamblea Nacional, el gobierno venezolano comenzó a cerrar este sábado emisoras de radio por considerar que no han cumplido con los requisitos legales para operar.
El viernes el ministro Diosdado Cabello, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), había anunciado que 34 estaciones serían dadas de baja inmediatamente en Venezuela y que luego seguirían más hasta alcanzar un total de 240.
"Tienen que apagar los transmisores una vez notificados por Conatel", advirtió Cabello.
"Estas son las primeras 34 decisiones que tomamos y tienen que ver todas con decisiones inmediatas".
El funcionario explicó que se retiraría las frecuencias por varias razones: fallecimiento del titular de la concesión, renuncia y vencimiento de la licencia sin que haya habido renovación o porque se declaró improcedente una solicitud de cambio de titularidad.
Cabello aseguró que la revocación de las concesiones "tiene que ver con la potestad legítima del gobierno, que maneja el espectro radioeléctrico", y no con una persecución política a las radios.
"Cuando tomamos la decisión de democratizar el espectro radioeléctrico estábamos hablando en serio, porque hay que hacerlo y hay que hacerlo ya", insistió.
Cierre con el himno
Las radios que el gobierno quiere cerrar se encuentran en Caracas y en diversas ciudades del interior venezolano. Entre ellas no figura ninguna de las grandes emisoras.
Según la colaboradora de BBC Mundo en Caracas, Anahí Aradas, una de las primeras señales en ser apagadas fue la del Circuito Nacional Belfort (CNB), luego de recibir la notificación de tres funcionarios de Conatel. El himno nacional fue lo último que se escuchó.
Aradas explica que CNB era una de las radios más escuchadas y más críticas hacia el gobierno.
Según nuestra colaboradora, el cierre de las estaciones no hace más que intensificar el enfrentamiento entre el presidente Hugo Chávez y los medios de comunicación privados.
La noticia se conoce en momentos en que en Venezuela hay una fuerte controversia por la llamada "Ley especial sobre delitos mediáticos" que debate el Congreso.
La norma considera como delito mediático todas aquellas informaciones que atenten contra "la paz social, la seguridad y la independencia de la nación, la seguridad de las instituciones del Estado, la salud y la moral pública de los venezolanos", y contempla penas de hasta cuatro años de cárcel para los dueños de empresas de comunicación, directores, periodistas o artistas que la infrinjan.
El gobierno sostiene que la ley intenta "regular la libertad de expresión" pero sin "vulnerarla", pero tanto dentro de Venezuela como en el exterior se han levantado voces críticas.
La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) calificó la nueva legislación de una "receta para la censura".
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