A continuación presentamos el programa del Foro de Emergencia para la Libertad de Expresión a realizarse en Caracas, Venezuela el 18 de Septiembre. Para mayor información ingrese a www.sipiapa.org
9:30–9:40a.m. Inauguración. Palabras de Enrique Santos
Calderón, El Tiempo. Bogotá, Colombia. Presidente
de la SIP. Salón El Doral
9:40 – 9:50 a.m. Presentación: La Libertad de prensa en aprietos. Los
problemas principales en el hemisferio occidental
Gonzalo Marroquín, Prensa Libre, Guatemala. 2º
Vicepresidente de la SIP. Salón El Doral
Salón El Doral
10:00 – 11:15a.m. MESA # 1: LIBERTAD DE
EXPRESIÓN EN EL CONTEXTO HEMISFÉRICO.
Presentaciones magistrales: Jorge Castañeda,
ex canciller, escritor y periodista, México DF; Carlos
Mesa, ex presidente de Bolivia, La Paz, Bolivia;
Alejandro Toledo, ex presidente de Perú, Lima, Perú.
Moderador: Robert Rivard, San Antonio
Express-News, San Antonio, Texas, Presidente de la
Comisión Libertad de Prensa e Información de la SIP.
11:15-11:30a.m. Intervalo, Café
Salón El Doral
11:30 a.m. – 12:45 p.m. MESA # 2: AMENAZAS
REGIONALES A LA LIBERTAD DE PRENSA.
Panelistas: Luis Pardo Saínz, Presidente AIR, Montevideo,
Uruguay; Benjamín Fernández, Centro Internacional de
Periodistas ICFJ, Washington DC; Ricardo Pedreira, director
ejecutivo, Associãçao Nacional de Jornais ANJ, Brasilia, Brasil;
Jaime Mantilla, Presidente de AEDEP, Hoy, Quito, Ecuador.
Moderador: Juan Luis Correa, La Estrella y El Siglo de
Panamá, Rep. de Panamá
13:00-14:00a.m. Almuerzo. Salón La Terraza
Salón El Doral
14:30 – 15:30 p.m. MESA # 3: ANALISIS DE CASOS
DE ESTUDIO NACIONALES
Panelistas: David Natera, Diario del Caroní, Puerto
Ordaz, Venezuela , presidente Bloque Venezolano de
Prensa; Marcel Granier, presidente RCTV, Caracas,
Venezuela; Marco Antonio Dipp, Diario Correo del
Sur, Sucre, Bolivia, presidente ANP; Carlos Besanson,
Diario del Viajero, ADEPA, Buenos Aires, Argentina.
Moderador: Gustavo Bell, El Heraldo, Barranquilla,
Colombia, ANDIARIOS.
15:30-16:00p.m. Intervalo, Café
Salón El Doral
16:00 – 17:30 p.m. MESA # 4: EL FUTURO DE LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA.
Presentación especial: Miguel H. Otero, director,
El Nacional, Caracas, Venezuela. Panelistas:
Alberto Federico Ravell, Director Ejecutivo,
Globovisión, Caracas, Venezuela; Gloria Cuenca,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela;
Rafael Poleo, El Nuevo País, Caracas, Venezuela;
Manuel Caballero, El Universal, Caracas, Venezuela.
Moderador: Asdrúbal Aguiar, profesor y escritor,
Caracas, Venezuela
17:30p.m. Conclusiones y Conferencia de Prensa
Salón El Doral
CONDENA LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDITORES DE PERIÓDICOS EL ATAQUE CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ISLA MUJERES, QUINTANA ROO
C. LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA,
PRESIDENTE DE MÉXICO:
C. LIC. FERNANDO GÓMEZ MONT URUETA,
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN:
C. LIC. JOSÉ MIGUEL ALCÁNTARA SORIA,
SUB PROCURADOR JURÍDICO Y ASUNTOS ESPECIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENCARGADO DEL DESPACHO:
C. LIC. OCTAVIO ORELLANA WIARCO,
FISCAL ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS
COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS
C. LIC. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO,
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO:
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL:
La Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A. C. (AME), que aglutina a más de una centena de periódicos diarios del interior del país y está desde sus orígenes profundamente comprometida con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, eleva su más enérgica condena contra el atentado que fue objeto su periódico afiliado, Diario Respuesta, ocurrido la mañana del viernes 4 de septiembre del presente año cuando un grupo de personas impidió la distribución de sus ejemplares en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.
El grupo de hombres y mujeres arrebató de manera violenta el periódico a los repartidores para luego quemarlo, tal y como se mostró con fotografías y testimonios en la edición de Diario Respuesta del 5 de septiembre. El argumento fue que ya no querían que se publicara información sobre los malos manejos de la administración de la actual autoridad municipal de la isla, que encabeza Alicia Ricalde Magaña. Ese mismo día, el grupo de 15 personas amenazó con impedir al día siguiente la distribución del periódico en Isla Mujeres, sin importar lo que pudiera pasar.
En la mañana del sábado 5 de septiembre, el mismo grupo encabezó un nuevo ataque contra el personal de Diario Respuesta, pero en esta ocasión de manera más violenta ya que sometieron por la fuerza a algunos integrantes de esta casa editorial, no sin antes arrebatarles el periódico y destruirlo. Consideramos que ese pequeño grupo de personas en ningún sentido representa a la mayoría de los isleños.
De los actos de agresión fueron testigos desde varias patrullas de tránsito y seguridad pública municipal de Isla Mujeres sus respectivos elementos policiacos, y no hicieron nada para impedir el atropello a la libertad de expresión y al libre tránsito de los ciudadanos.
También el Director Editorial de Diario Respuesta, Alejandro Vargas, fue víctima de golpes, insultos y robo de ejemplares del periódico. Ello, y el hecho de impedir su circulación, son por demás violatorias de las garantías individuales y colectivas que rigen a todos los mexicanos y que se sustentan en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias que de ella se desprenden.
La AME no puede menos que coincidir con las voces que, dentro y fuera del país, condenan la violencia y la impunidad de manera general, y particularmente cuando es en perjuicio ya sea de quienes ejercen el periodismo, o contra sus medios de trabajo, pues se trata de atentados contra las libertades de expresión y de prensa.
Pedimos que las autoridades correspondientes investiguen y aclaren el caso, y sancionen a los responsables, y mostramos nuestra preocupación por este tipo de ataques, que en el futuro podrían repetirse contra cualquier otro medio de información.
La violencia contra quienes informan a la sociedad es un atentado contra la libertad de expresión, que es uno de los principales sustentos de la democracia, y es deber del Estado crear las condiciones legales y efectivas que den seguridad en su actividad a quienes la ejercen por medio de la prensa.
Ante esta situación, la AME exige al gobierno de la República y al del estado de Quintana Roo, garantizar la libertad de expresión en todo el territorio nacional y en especial en Isla Mujeres, Quintana Roo.
Asimismo, la AME hace un llamado a todos los medios de la capital y el interior del país, impresos y electrónicos, a unirse en una gran cruzada para denunciar el acoso que padecemos y hacer un frente común, para que la impunidad no deje sin castigo a los criminales que a cada momento siguen coartando la libertad de expresión.
ATENTAMENTE
POR UNA PRENSA UNIDA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
PRESIDENTE
GONZALO LEAÑO REYES
OCHO COLUMNAS DE GUADALAJARA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
ALEJANDRO ARCEO AZAR
TRIBUNA DE CAMPECHE
SECRETARIO
ELIGIO VALENCIA ROQUE
EL MEXICANO DE BAJA CALIFORNIA
TESORERO
JOSE ISABEL RAMOS SANTOS
LOS DEBATES DE SINALOA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
EL IMPARCIAL DE OAXACA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE LIBERTAD DE EXPRESION
CARLOS SALINAS VALDES
EL DIARIO DE COAHUILA
VICEPRESIDENTES
GABRIELA PRIDA HUERTA
SÍNTESIS DE PUEBLA
ENRIQUE ZAMORA CRUZ
EL ORBE DE TAPACHULA
OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ
AZ DE VERACRUZ
MIGUEL RAMON MARTIN AZUETA
EL QUINTANORROENSE
ALEJANDRO ENRIQUE ZENDEJAS
IMPULSO DE TOLUCA
DIRECTOR JURÍDICO
JESÚS ARMANDO LIÓGON BELTRÁN
VOCALES
EUGENIO MERCADO SANCHEZ
IMAGEN DE ZACATECAS
MARÍA MORALES RUIZ
CUARTO PODER DE TUXTLA GUTIÉRREZ
PEDRO ANDRADE GONZÁLEZ
ABC DE MICHOACÁN
HERIBERTO DE ANDAR MARTINEZ
EL MAÑANA DE REYNOSA
FRANCISCO JAVIER RUIZ QUIRRIN
PRIMERA PLANA DE HERMOSILLO
GERENTE GENERAL
JULIO ERNESTO BAZAN GONZALEZ
AGENCIA DE NOTICIAS AMEX
DIRECCIÓN GENERAL
PRESIDENTE DE MÉXICO:
C. LIC. FERNANDO GÓMEZ MONT URUETA,
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN:
C. LIC. JOSÉ MIGUEL ALCÁNTARA SORIA,
SUB PROCURADOR JURÍDICO Y ASUNTOS ESPECIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENCARGADO DEL DESPACHO:
C. LIC. OCTAVIO ORELLANA WIARCO,
FISCAL ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS
COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS
C. LIC. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO,
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO:
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL:
La Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A. C. (AME), que aglutina a más de una centena de periódicos diarios del interior del país y está desde sus orígenes profundamente comprometida con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, eleva su más enérgica condena contra el atentado que fue objeto su periódico afiliado, Diario Respuesta, ocurrido la mañana del viernes 4 de septiembre del presente año cuando un grupo de personas impidió la distribución de sus ejemplares en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.
El grupo de hombres y mujeres arrebató de manera violenta el periódico a los repartidores para luego quemarlo, tal y como se mostró con fotografías y testimonios en la edición de Diario Respuesta del 5 de septiembre. El argumento fue que ya no querían que se publicara información sobre los malos manejos de la administración de la actual autoridad municipal de la isla, que encabeza Alicia Ricalde Magaña. Ese mismo día, el grupo de 15 personas amenazó con impedir al día siguiente la distribución del periódico en Isla Mujeres, sin importar lo que pudiera pasar.
En la mañana del sábado 5 de septiembre, el mismo grupo encabezó un nuevo ataque contra el personal de Diario Respuesta, pero en esta ocasión de manera más violenta ya que sometieron por la fuerza a algunos integrantes de esta casa editorial, no sin antes arrebatarles el periódico y destruirlo. Consideramos que ese pequeño grupo de personas en ningún sentido representa a la mayoría de los isleños.
De los actos de agresión fueron testigos desde varias patrullas de tránsito y seguridad pública municipal de Isla Mujeres sus respectivos elementos policiacos, y no hicieron nada para impedir el atropello a la libertad de expresión y al libre tránsito de los ciudadanos.
También el Director Editorial de Diario Respuesta, Alejandro Vargas, fue víctima de golpes, insultos y robo de ejemplares del periódico. Ello, y el hecho de impedir su circulación, son por demás violatorias de las garantías individuales y colectivas que rigen a todos los mexicanos y que se sustentan en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias que de ella se desprenden.
La AME no puede menos que coincidir con las voces que, dentro y fuera del país, condenan la violencia y la impunidad de manera general, y particularmente cuando es en perjuicio ya sea de quienes ejercen el periodismo, o contra sus medios de trabajo, pues se trata de atentados contra las libertades de expresión y de prensa.
Pedimos que las autoridades correspondientes investiguen y aclaren el caso, y sancionen a los responsables, y mostramos nuestra preocupación por este tipo de ataques, que en el futuro podrían repetirse contra cualquier otro medio de información.
La violencia contra quienes informan a la sociedad es un atentado contra la libertad de expresión, que es uno de los principales sustentos de la democracia, y es deber del Estado crear las condiciones legales y efectivas que den seguridad en su actividad a quienes la ejercen por medio de la prensa.
Ante esta situación, la AME exige al gobierno de la República y al del estado de Quintana Roo, garantizar la libertad de expresión en todo el territorio nacional y en especial en Isla Mujeres, Quintana Roo.
Asimismo, la AME hace un llamado a todos los medios de la capital y el interior del país, impresos y electrónicos, a unirse en una gran cruzada para denunciar el acoso que padecemos y hacer un frente común, para que la impunidad no deje sin castigo a los criminales que a cada momento siguen coartando la libertad de expresión.
ATENTAMENTE
POR UNA PRENSA UNIDA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
PRESIDENTE
GONZALO LEAÑO REYES
OCHO COLUMNAS DE GUADALAJARA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
ALEJANDRO ARCEO AZAR
TRIBUNA DE CAMPECHE
SECRETARIO
ELIGIO VALENCIA ROQUE
EL MEXICANO DE BAJA CALIFORNIA
TESORERO
JOSE ISABEL RAMOS SANTOS
LOS DEBATES DE SINALOA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
EL IMPARCIAL DE OAXACA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE LIBERTAD DE EXPRESION
CARLOS SALINAS VALDES
EL DIARIO DE COAHUILA
VICEPRESIDENTES
GABRIELA PRIDA HUERTA
SÍNTESIS DE PUEBLA
ENRIQUE ZAMORA CRUZ
EL ORBE DE TAPACHULA
OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ
AZ DE VERACRUZ
MIGUEL RAMON MARTIN AZUETA
EL QUINTANORROENSE
ALEJANDRO ENRIQUE ZENDEJAS
IMPULSO DE TOLUCA
DIRECTOR JURÍDICO
JESÚS ARMANDO LIÓGON BELTRÁN
VOCALES
EUGENIO MERCADO SANCHEZ
IMAGEN DE ZACATECAS
MARÍA MORALES RUIZ
CUARTO PODER DE TUXTLA GUTIÉRREZ
PEDRO ANDRADE GONZÁLEZ
ABC DE MICHOACÁN
HERIBERTO DE ANDAR MARTINEZ
EL MAÑANA DE REYNOSA
FRANCISCO JAVIER RUIZ QUIRRIN
PRIMERA PLANA DE HERMOSILLO
GERENTE GENERAL
JULIO ERNESTO BAZAN GONZALEZ
AGENCIA DE NOTICIAS AMEX
DIRECCIÓN GENERAL
LA POSICIÓN DEL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO FRENTE AL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
viernes, 11 de septiembre de 2009
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ha analizado, desde la perspectiva del ejercicio del periodismo profesional, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional denominado Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Fopea considera imprescindible el debate que se está dando en la sociedad y en el Congreso de la Nación en torno a la necesidad de tener una nueva norma que regule a los medios audiovisuales para fomentar el pluralismo y la libertad de expresión. Creemos que el debate legislativo debe ser profundo y sin plazos pre-establecidos desde ningún sector, e instamos al Gobierno y a la oposición a lograr un amplio consenso, en un tema que creemos debería ser una política de Estado. La ley definitiva debe ser socialmente confiable, base de sustento indispensable para su pacifico acatamiento. Sería importante que se tengan en cuenta ideas y propuestas del resto de los proyectos que todavía tienen estado parlamentario. La deuda en la materia alcanza a todos los sectores que gobernaron la Argentina y es responsabilidad de todos subsanar esta falencia de la democracia.
Durante toda la historia de la radio y la televisión argentina, los mecanismos poco transparentes para la gestión de las licencias han sido la principal restricción para el desarrollo del periodismo profesional. Esto ha generado que la calidad de la información que los ciudadanos recibieron y reciben, eje de la tarea de Fopea, esté condicionada en muchos casos por acuerdos entre poderes políticos y directivos de medios, concretados a espaldas de la ciudadanía.
Como organización profesional de periodistas defendemos los valores esenciales de la democracia, la honestidad, el pluralismo y la tolerancia [1][1], y sostenemos que la información es un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado.
Por eso, Fopea considera que se debe hacer todo lo posible para fomentar un nuevo marco regulatorio y que éste sea efectivamente respetado por el Estado y los licenciatarios, en beneficio de toda la comunidad.
Después de una consulta a sus 270 socios en todo el país, de convocar a varias reuniones con expertos y de organizar conferencias abiertas en las que participaron representantes de distintos sectores involucrados, Fopea definió 16 puntos que impulsará ante los legisladores y la sociedad para que sean incorporados a la nueva legislación.
Estos puntos son los siguientes:
1. Creemos que para garantizar la calidad y la pluralidad de la información que se brinda a través de los medios, la ley debería contemplar la exigencia de que todos los medios audiovisuales cuenten con una estructura de noticiero y programas periodísticos propios -- solventados con recursos genuinos del licenciatario--, y con periodistas profesionales en relación de dependencia, cumpliendo con todas las obligaciones laborales y seguridad social, y de acuerdo al Estatuto del Periodista Profesional [2][2].
2. Proponemos que a los licenciatarios se les exija, al presentarse a una licitación, un código de ética, lineamientos de estándares profesionales y un código de conducta empresaria. Asimismo, deben comprometerse a la financiación y organización de la capacitación permanente de sus periodistas. Todas estas pautas para garantizar la calidad periodística deben poder ser demostrables. El incumplimiento de estos compromisos debe ser considerado una falta grave.
Sugerimos que la ley disponga que cada medio designe un Defensor del oyente o del televidente, de acuerdo al modelo de la Asociación Internacional de Ombudsman [3][3], considerando las categorías de medios que disponga la norma.
Debería exigirse a los licenciatarios prácticas de Responsabilidad Social Empresaria evaluables por Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen en la materia en el área específica.
3. Creemos que hay que evitar la conformación de monopolios u oligopolios públicos o privados, porque entiende que esto afecta la pluralidad y la calidad de la información que se brinda a los ciudadanos, y las condiciones del ejercicio de la profesión.
4. Sostenemos que se deben promover el federalismo y la generación de contenidos locales. Para ello, se deberán generar mecanismos que limiten la abrumadora presencia de contenidos emitidos desde Buenos Aires hacia el resto del país. Asimismo, se deberán contemplar mecanismos de financiación para la producción de programas periodísticos en cada provincia. Esas políticas de financiamiento deberán ser transparentes y no ser utilizadas para condicionar la independencia profesional.
5. Creemos que el Estado debe garantizar a toda la ciudadanía la provisión gratuita de una cantidad considerable de señales de canales y radios en todo el territorio nacional. Asimismo, debe generar una política para las emisoras de frontera que garanticen la emisión mayoritaria de señales argentinas. Avalamos, también, la propuesta de implantar un abono social, en los servicios de radiodifusión por suscripción, acorde al lugar de emplazamiento de cada señal.
6. Consideramos que los medios estatales deben ser públicos y no gubernamentales. En pos de este objetivo, sus autoridades deberán ser designadas por concurso y su gestión no deberá recibir interferencias del poder político de turno. Los noticieros y otros programas periodísticos deberán reflejar el pluralismo y la diversidad de voces existentes en la sociedad. Esta obligación es mayor aun en los medios estatales, por manejar recursos de todos los ciudadanos.
7. Proponemos que la autoridad regulatoria sea un organismo técnico independiente y autárquico del Estado y autónomo de los partidos políticos, que se encuentre sometido a las garantías del debido proceso y al control judicial, tal como señala el Informe 2008 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA [4][4]. Debería estar conducido por un Directorio designado por concurso, en términos similares al decreto presidencial 222/03, que incluya una evaluación pública de antecedentes y una posterior aprobación legislativa. Este Directorio debe tener representación federal, y sus delegaciones regionales o provinciales deben tener capacidad operativa suficiente para cumplir los objetivos de la ley.
8. Sugerimos que los criterios de selección de los miembros de la autoridad de aplicación estén vinculados a los antecedentes democráticos de los aspirantes; la experiencia en medios de comunicación o entidades afines; la formación conceptual sobre el pluralismo informativo, el regionalismo, las expresiones culturales múltiples y la ética periodística; el conocimiento sobre la legislación internacional vigente; y la exposición de un plan de trabajo plurianual.
9. Apoyamos la generación de condiciones que impidan el manejo arbitrario de la adjudicación y control de las licencias. Los mecanismos deben ser públicos y transparentes. Asimismo, alentamos la realización de audiencias públicas en el proceso de adjudicación y renovación de las licencias.
10. Sugerimos la confección de un informe sobre la situación legal de las emisoras de radio, televisión y de cable [5][5], a cargo de una Comisión específica a crearse, tomando como referencia la experiencia de Ecuador. Allí, a fines de 2008 se creó una Comisión de Auditoría de Concesión de Frecuencias de Radio y Televisión [6][6], integrada por personalidades independientes, que tras un exhaustivo trabajo de seis meses, elaboró un informe muy completo que está sirviendo para sacar finalmente de la oscuridad un tema de enorme interés público, y además mejorar la calidad del debate, pues pone la información a disposición de todos.
11. Acordamos con la propuesta de reservar un tercio de las frecuencias que se asignen en cada distrito, a universidades y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, creemos que en el sector comercial debe promoverse la existencia de empresas periodísticas pequeñas y medianas, y no sólo de las más grandes.
12. En lo que respecta al propuesto Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, sugerimos que sus conclusiones sean vinculantes y solicitamos una mayor presencia de asociaciones profesionales, sindicatos e instituciones universitarias relacionadas con la actividad periodística en su integración.
13. Creemos que es complementario con los objetivos de esta ley la aprobación de una norma que regule la forma en que el Estado, en todos sus niveles, asigna la pauta publicitaria oficial.
14. En el marco de debate que se abrió con este proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promovemos la derogación de las sanciones penales por calumnias e injurias, que pueden ser utilizadas como “leyes mordaza” y que contradicen el espíritu de lo señalado en el texto en debate.
15. Teniendo en cuenta que en los principios generales de esta ley figura un acceso más democrático a los medios y la ratificación del derecho humano a la información, creemos necesaria la sanción de una legislación amplia (nacional, provincial y municipal) que garantice el acceso a la información pública.
16. Para evitar un excesivo margen de discrecionalidad en la reglamentación de la ley por el PEN, sugerimos especificar lo más posible su articulado a partir de los consensos alcanzados en el Congreso de la Nación, en especial respecto de la conformación de la autoridad regulatoria. Asimismo, pedimos que el Poder Ejecutivo respete sin distorsiones el texto que sea sancionado en el Congreso al reglamentarlo.
Fopea considera imprescindible el debate que se está dando en la sociedad y en el Congreso de la Nación en torno a la necesidad de tener una nueva norma que regule a los medios audiovisuales para fomentar el pluralismo y la libertad de expresión. Creemos que el debate legislativo debe ser profundo y sin plazos pre-establecidos desde ningún sector, e instamos al Gobierno y a la oposición a lograr un amplio consenso, en un tema que creemos debería ser una política de Estado. La ley definitiva debe ser socialmente confiable, base de sustento indispensable para su pacifico acatamiento. Sería importante que se tengan en cuenta ideas y propuestas del resto de los proyectos que todavía tienen estado parlamentario. La deuda en la materia alcanza a todos los sectores que gobernaron la Argentina y es responsabilidad de todos subsanar esta falencia de la democracia.
Durante toda la historia de la radio y la televisión argentina, los mecanismos poco transparentes para la gestión de las licencias han sido la principal restricción para el desarrollo del periodismo profesional. Esto ha generado que la calidad de la información que los ciudadanos recibieron y reciben, eje de la tarea de Fopea, esté condicionada en muchos casos por acuerdos entre poderes políticos y directivos de medios, concretados a espaldas de la ciudadanía.
Como organización profesional de periodistas defendemos los valores esenciales de la democracia, la honestidad, el pluralismo y la tolerancia [1][1], y sostenemos que la información es un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado.
Por eso, Fopea considera que se debe hacer todo lo posible para fomentar un nuevo marco regulatorio y que éste sea efectivamente respetado por el Estado y los licenciatarios, en beneficio de toda la comunidad.
Después de una consulta a sus 270 socios en todo el país, de convocar a varias reuniones con expertos y de organizar conferencias abiertas en las que participaron representantes de distintos sectores involucrados, Fopea definió 16 puntos que impulsará ante los legisladores y la sociedad para que sean incorporados a la nueva legislación.
Estos puntos son los siguientes:
1. Creemos que para garantizar la calidad y la pluralidad de la información que se brinda a través de los medios, la ley debería contemplar la exigencia de que todos los medios audiovisuales cuenten con una estructura de noticiero y programas periodísticos propios -- solventados con recursos genuinos del licenciatario--, y con periodistas profesionales en relación de dependencia, cumpliendo con todas las obligaciones laborales y seguridad social, y de acuerdo al Estatuto del Periodista Profesional [2][2].
2. Proponemos que a los licenciatarios se les exija, al presentarse a una licitación, un código de ética, lineamientos de estándares profesionales y un código de conducta empresaria. Asimismo, deben comprometerse a la financiación y organización de la capacitación permanente de sus periodistas. Todas estas pautas para garantizar la calidad periodística deben poder ser demostrables. El incumplimiento de estos compromisos debe ser considerado una falta grave.
Sugerimos que la ley disponga que cada medio designe un Defensor del oyente o del televidente, de acuerdo al modelo de la Asociación Internacional de Ombudsman [3][3], considerando las categorías de medios que disponga la norma.
Debería exigirse a los licenciatarios prácticas de Responsabilidad Social Empresaria evaluables por Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen en la materia en el área específica.
3. Creemos que hay que evitar la conformación de monopolios u oligopolios públicos o privados, porque entiende que esto afecta la pluralidad y la calidad de la información que se brinda a los ciudadanos, y las condiciones del ejercicio de la profesión.
4. Sostenemos que se deben promover el federalismo y la generación de contenidos locales. Para ello, se deberán generar mecanismos que limiten la abrumadora presencia de contenidos emitidos desde Buenos Aires hacia el resto del país. Asimismo, se deberán contemplar mecanismos de financiación para la producción de programas periodísticos en cada provincia. Esas políticas de financiamiento deberán ser transparentes y no ser utilizadas para condicionar la independencia profesional.
5. Creemos que el Estado debe garantizar a toda la ciudadanía la provisión gratuita de una cantidad considerable de señales de canales y radios en todo el territorio nacional. Asimismo, debe generar una política para las emisoras de frontera que garanticen la emisión mayoritaria de señales argentinas. Avalamos, también, la propuesta de implantar un abono social, en los servicios de radiodifusión por suscripción, acorde al lugar de emplazamiento de cada señal.
6. Consideramos que los medios estatales deben ser públicos y no gubernamentales. En pos de este objetivo, sus autoridades deberán ser designadas por concurso y su gestión no deberá recibir interferencias del poder político de turno. Los noticieros y otros programas periodísticos deberán reflejar el pluralismo y la diversidad de voces existentes en la sociedad. Esta obligación es mayor aun en los medios estatales, por manejar recursos de todos los ciudadanos.
7. Proponemos que la autoridad regulatoria sea un organismo técnico independiente y autárquico del Estado y autónomo de los partidos políticos, que se encuentre sometido a las garantías del debido proceso y al control judicial, tal como señala el Informe 2008 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA [4][4]. Debería estar conducido por un Directorio designado por concurso, en términos similares al decreto presidencial 222/03, que incluya una evaluación pública de antecedentes y una posterior aprobación legislativa. Este Directorio debe tener representación federal, y sus delegaciones regionales o provinciales deben tener capacidad operativa suficiente para cumplir los objetivos de la ley.
8. Sugerimos que los criterios de selección de los miembros de la autoridad de aplicación estén vinculados a los antecedentes democráticos de los aspirantes; la experiencia en medios de comunicación o entidades afines; la formación conceptual sobre el pluralismo informativo, el regionalismo, las expresiones culturales múltiples y la ética periodística; el conocimiento sobre la legislación internacional vigente; y la exposición de un plan de trabajo plurianual.
9. Apoyamos la generación de condiciones que impidan el manejo arbitrario de la adjudicación y control de las licencias. Los mecanismos deben ser públicos y transparentes. Asimismo, alentamos la realización de audiencias públicas en el proceso de adjudicación y renovación de las licencias.
10. Sugerimos la confección de un informe sobre la situación legal de las emisoras de radio, televisión y de cable [5][5], a cargo de una Comisión específica a crearse, tomando como referencia la experiencia de Ecuador. Allí, a fines de 2008 se creó una Comisión de Auditoría de Concesión de Frecuencias de Radio y Televisión [6][6], integrada por personalidades independientes, que tras un exhaustivo trabajo de seis meses, elaboró un informe muy completo que está sirviendo para sacar finalmente de la oscuridad un tema de enorme interés público, y además mejorar la calidad del debate, pues pone la información a disposición de todos.
11. Acordamos con la propuesta de reservar un tercio de las frecuencias que se asignen en cada distrito, a universidades y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, creemos que en el sector comercial debe promoverse la existencia de empresas periodísticas pequeñas y medianas, y no sólo de las más grandes.
12. En lo que respecta al propuesto Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, sugerimos que sus conclusiones sean vinculantes y solicitamos una mayor presencia de asociaciones profesionales, sindicatos e instituciones universitarias relacionadas con la actividad periodística en su integración.
13. Creemos que es complementario con los objetivos de esta ley la aprobación de una norma que regule la forma en que el Estado, en todos sus niveles, asigna la pauta publicitaria oficial.
14. En el marco de debate que se abrió con este proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promovemos la derogación de las sanciones penales por calumnias e injurias, que pueden ser utilizadas como “leyes mordaza” y que contradicen el espíritu de lo señalado en el texto en debate.
15. Teniendo en cuenta que en los principios generales de esta ley figura un acceso más democrático a los medios y la ratificación del derecho humano a la información, creemos necesaria la sanción de una legislación amplia (nacional, provincial y municipal) que garantice el acceso a la información pública.
16. Para evitar un excesivo margen de discrecionalidad en la reglamentación de la ley por el PEN, sugerimos especificar lo más posible su articulado a partir de los consensos alcanzados en el Congreso de la Nación, en especial respecto de la conformación de la autoridad regulatoria. Asimismo, pedimos que el Poder Ejecutivo respete sin distorsiones el texto que sea sancionado en el Congreso al reglamentarlo.
KNIGHT INTERNATIONAL JOURNALISM FELLOW EXPLICA LOS ALCANCES DE SU LABOR EN MEXICO
martes, 1 de septiembre de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)