A continuación presentamos el programa del Foro de Emergencia para la Libertad de Expresión a realizarse en Caracas, Venezuela el 18 de Septiembre. Para mayor información ingrese a www.sipiapa.org
9:30–9:40a.m. Inauguración. Palabras de Enrique Santos
Calderón, El Tiempo. Bogotá, Colombia. Presidente
de la SIP. Salón El Doral
9:40 – 9:50 a.m. Presentación: La Libertad de prensa en aprietos. Los
problemas principales en el hemisferio occidental
Gonzalo Marroquín, Prensa Libre, Guatemala. 2º
Vicepresidente de la SIP. Salón El Doral
Salón El Doral
10:00 – 11:15a.m. MESA # 1: LIBERTAD DE
EXPRESIÓN EN EL CONTEXTO HEMISFÉRICO.
Presentaciones magistrales: Jorge Castañeda,
ex canciller, escritor y periodista, México DF; Carlos
Mesa, ex presidente de Bolivia, La Paz, Bolivia;
Alejandro Toledo, ex presidente de Perú, Lima, Perú.
Moderador: Robert Rivard, San Antonio
Express-News, San Antonio, Texas, Presidente de la
Comisión Libertad de Prensa e Información de la SIP.
11:15-11:30a.m. Intervalo, Café
Salón El Doral
11:30 a.m. – 12:45 p.m. MESA # 2: AMENAZAS
REGIONALES A LA LIBERTAD DE PRENSA.
Panelistas: Luis Pardo Saínz, Presidente AIR, Montevideo,
Uruguay; Benjamín Fernández, Centro Internacional de
Periodistas ICFJ, Washington DC; Ricardo Pedreira, director
ejecutivo, Associãçao Nacional de Jornais ANJ, Brasilia, Brasil;
Jaime Mantilla, Presidente de AEDEP, Hoy, Quito, Ecuador.
Moderador: Juan Luis Correa, La Estrella y El Siglo de
Panamá, Rep. de Panamá
13:00-14:00a.m. Almuerzo. Salón La Terraza
Salón El Doral
14:30 – 15:30 p.m. MESA # 3: ANALISIS DE CASOS
DE ESTUDIO NACIONALES
Panelistas: David Natera, Diario del Caroní, Puerto
Ordaz, Venezuela , presidente Bloque Venezolano de
Prensa; Marcel Granier, presidente RCTV, Caracas,
Venezuela; Marco Antonio Dipp, Diario Correo del
Sur, Sucre, Bolivia, presidente ANP; Carlos Besanson,
Diario del Viajero, ADEPA, Buenos Aires, Argentina.
Moderador: Gustavo Bell, El Heraldo, Barranquilla,
Colombia, ANDIARIOS.
15:30-16:00p.m. Intervalo, Café
Salón El Doral
16:00 – 17:30 p.m. MESA # 4: EL FUTURO DE LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA.
Presentación especial: Miguel H. Otero, director,
El Nacional, Caracas, Venezuela. Panelistas:
Alberto Federico Ravell, Director Ejecutivo,
Globovisión, Caracas, Venezuela; Gloria Cuenca,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela;
Rafael Poleo, El Nuevo País, Caracas, Venezuela;
Manuel Caballero, El Universal, Caracas, Venezuela.
Moderador: Asdrúbal Aguiar, profesor y escritor,
Caracas, Venezuela
17:30p.m. Conclusiones y Conferencia de Prensa
Salón El Doral
CONDENA LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDITORES DE PERIÓDICOS EL ATAQUE CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ISLA MUJERES, QUINTANA ROO
C. LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA,
PRESIDENTE DE MÉXICO:
C. LIC. FERNANDO GÓMEZ MONT URUETA,
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN:
C. LIC. JOSÉ MIGUEL ALCÁNTARA SORIA,
SUB PROCURADOR JURÍDICO Y ASUNTOS ESPECIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENCARGADO DEL DESPACHO:
C. LIC. OCTAVIO ORELLANA WIARCO,
FISCAL ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS
COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS
C. LIC. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO,
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO:
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL:
La Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A. C. (AME), que aglutina a más de una centena de periódicos diarios del interior del país y está desde sus orígenes profundamente comprometida con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, eleva su más enérgica condena contra el atentado que fue objeto su periódico afiliado, Diario Respuesta, ocurrido la mañana del viernes 4 de septiembre del presente año cuando un grupo de personas impidió la distribución de sus ejemplares en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.
El grupo de hombres y mujeres arrebató de manera violenta el periódico a los repartidores para luego quemarlo, tal y como se mostró con fotografías y testimonios en la edición de Diario Respuesta del 5 de septiembre. El argumento fue que ya no querían que se publicara información sobre los malos manejos de la administración de la actual autoridad municipal de la isla, que encabeza Alicia Ricalde Magaña. Ese mismo día, el grupo de 15 personas amenazó con impedir al día siguiente la distribución del periódico en Isla Mujeres, sin importar lo que pudiera pasar.
En la mañana del sábado 5 de septiembre, el mismo grupo encabezó un nuevo ataque contra el personal de Diario Respuesta, pero en esta ocasión de manera más violenta ya que sometieron por la fuerza a algunos integrantes de esta casa editorial, no sin antes arrebatarles el periódico y destruirlo. Consideramos que ese pequeño grupo de personas en ningún sentido representa a la mayoría de los isleños.
De los actos de agresión fueron testigos desde varias patrullas de tránsito y seguridad pública municipal de Isla Mujeres sus respectivos elementos policiacos, y no hicieron nada para impedir el atropello a la libertad de expresión y al libre tránsito de los ciudadanos.
También el Director Editorial de Diario Respuesta, Alejandro Vargas, fue víctima de golpes, insultos y robo de ejemplares del periódico. Ello, y el hecho de impedir su circulación, son por demás violatorias de las garantías individuales y colectivas que rigen a todos los mexicanos y que se sustentan en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias que de ella se desprenden.
La AME no puede menos que coincidir con las voces que, dentro y fuera del país, condenan la violencia y la impunidad de manera general, y particularmente cuando es en perjuicio ya sea de quienes ejercen el periodismo, o contra sus medios de trabajo, pues se trata de atentados contra las libertades de expresión y de prensa.
Pedimos que las autoridades correspondientes investiguen y aclaren el caso, y sancionen a los responsables, y mostramos nuestra preocupación por este tipo de ataques, que en el futuro podrían repetirse contra cualquier otro medio de información.
La violencia contra quienes informan a la sociedad es un atentado contra la libertad de expresión, que es uno de los principales sustentos de la democracia, y es deber del Estado crear las condiciones legales y efectivas que den seguridad en su actividad a quienes la ejercen por medio de la prensa.
Ante esta situación, la AME exige al gobierno de la República y al del estado de Quintana Roo, garantizar la libertad de expresión en todo el territorio nacional y en especial en Isla Mujeres, Quintana Roo.
Asimismo, la AME hace un llamado a todos los medios de la capital y el interior del país, impresos y electrónicos, a unirse en una gran cruzada para denunciar el acoso que padecemos y hacer un frente común, para que la impunidad no deje sin castigo a los criminales que a cada momento siguen coartando la libertad de expresión.
ATENTAMENTE
POR UNA PRENSA UNIDA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
PRESIDENTE
GONZALO LEAÑO REYES
OCHO COLUMNAS DE GUADALAJARA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
ALEJANDRO ARCEO AZAR
TRIBUNA DE CAMPECHE
SECRETARIO
ELIGIO VALENCIA ROQUE
EL MEXICANO DE BAJA CALIFORNIA
TESORERO
JOSE ISABEL RAMOS SANTOS
LOS DEBATES DE SINALOA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
EL IMPARCIAL DE OAXACA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE LIBERTAD DE EXPRESION
CARLOS SALINAS VALDES
EL DIARIO DE COAHUILA
VICEPRESIDENTES
GABRIELA PRIDA HUERTA
SÍNTESIS DE PUEBLA
ENRIQUE ZAMORA CRUZ
EL ORBE DE TAPACHULA
OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ
AZ DE VERACRUZ
MIGUEL RAMON MARTIN AZUETA
EL QUINTANORROENSE
ALEJANDRO ENRIQUE ZENDEJAS
IMPULSO DE TOLUCA
DIRECTOR JURÍDICO
JESÚS ARMANDO LIÓGON BELTRÁN
VOCALES
EUGENIO MERCADO SANCHEZ
IMAGEN DE ZACATECAS
MARÍA MORALES RUIZ
CUARTO PODER DE TUXTLA GUTIÉRREZ
PEDRO ANDRADE GONZÁLEZ
ABC DE MICHOACÁN
HERIBERTO DE ANDAR MARTINEZ
EL MAÑANA DE REYNOSA
FRANCISCO JAVIER RUIZ QUIRRIN
PRIMERA PLANA DE HERMOSILLO
GERENTE GENERAL
JULIO ERNESTO BAZAN GONZALEZ
AGENCIA DE NOTICIAS AMEX
DIRECCIÓN GENERAL
PRESIDENTE DE MÉXICO:
C. LIC. FERNANDO GÓMEZ MONT URUETA,
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN:
C. LIC. JOSÉ MIGUEL ALCÁNTARA SORIA,
SUB PROCURADOR JURÍDICO Y ASUNTOS ESPECIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENCARGADO DEL DESPACHO:
C. LIC. OCTAVIO ORELLANA WIARCO,
FISCAL ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS
COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS
C. LIC. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO,
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO:
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL:
La Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A. C. (AME), que aglutina a más de una centena de periódicos diarios del interior del país y está desde sus orígenes profundamente comprometida con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, eleva su más enérgica condena contra el atentado que fue objeto su periódico afiliado, Diario Respuesta, ocurrido la mañana del viernes 4 de septiembre del presente año cuando un grupo de personas impidió la distribución de sus ejemplares en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.
El grupo de hombres y mujeres arrebató de manera violenta el periódico a los repartidores para luego quemarlo, tal y como se mostró con fotografías y testimonios en la edición de Diario Respuesta del 5 de septiembre. El argumento fue que ya no querían que se publicara información sobre los malos manejos de la administración de la actual autoridad municipal de la isla, que encabeza Alicia Ricalde Magaña. Ese mismo día, el grupo de 15 personas amenazó con impedir al día siguiente la distribución del periódico en Isla Mujeres, sin importar lo que pudiera pasar.
En la mañana del sábado 5 de septiembre, el mismo grupo encabezó un nuevo ataque contra el personal de Diario Respuesta, pero en esta ocasión de manera más violenta ya que sometieron por la fuerza a algunos integrantes de esta casa editorial, no sin antes arrebatarles el periódico y destruirlo. Consideramos que ese pequeño grupo de personas en ningún sentido representa a la mayoría de los isleños.
De los actos de agresión fueron testigos desde varias patrullas de tránsito y seguridad pública municipal de Isla Mujeres sus respectivos elementos policiacos, y no hicieron nada para impedir el atropello a la libertad de expresión y al libre tránsito de los ciudadanos.
También el Director Editorial de Diario Respuesta, Alejandro Vargas, fue víctima de golpes, insultos y robo de ejemplares del periódico. Ello, y el hecho de impedir su circulación, son por demás violatorias de las garantías individuales y colectivas que rigen a todos los mexicanos y que se sustentan en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias que de ella se desprenden.
La AME no puede menos que coincidir con las voces que, dentro y fuera del país, condenan la violencia y la impunidad de manera general, y particularmente cuando es en perjuicio ya sea de quienes ejercen el periodismo, o contra sus medios de trabajo, pues se trata de atentados contra las libertades de expresión y de prensa.
Pedimos que las autoridades correspondientes investiguen y aclaren el caso, y sancionen a los responsables, y mostramos nuestra preocupación por este tipo de ataques, que en el futuro podrían repetirse contra cualquier otro medio de información.
La violencia contra quienes informan a la sociedad es un atentado contra la libertad de expresión, que es uno de los principales sustentos de la democracia, y es deber del Estado crear las condiciones legales y efectivas que den seguridad en su actividad a quienes la ejercen por medio de la prensa.
Ante esta situación, la AME exige al gobierno de la República y al del estado de Quintana Roo, garantizar la libertad de expresión en todo el territorio nacional y en especial en Isla Mujeres, Quintana Roo.
Asimismo, la AME hace un llamado a todos los medios de la capital y el interior del país, impresos y electrónicos, a unirse en una gran cruzada para denunciar el acoso que padecemos y hacer un frente común, para que la impunidad no deje sin castigo a los criminales que a cada momento siguen coartando la libertad de expresión.
ATENTAMENTE
POR UNA PRENSA UNIDA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
PRESIDENTE
GONZALO LEAÑO REYES
OCHO COLUMNAS DE GUADALAJARA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
ALEJANDRO ARCEO AZAR
TRIBUNA DE CAMPECHE
SECRETARIO
ELIGIO VALENCIA ROQUE
EL MEXICANO DE BAJA CALIFORNIA
TESORERO
JOSE ISABEL RAMOS SANTOS
LOS DEBATES DE SINALOA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
EL IMPARCIAL DE OAXACA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE LIBERTAD DE EXPRESION
CARLOS SALINAS VALDES
EL DIARIO DE COAHUILA
VICEPRESIDENTES
GABRIELA PRIDA HUERTA
SÍNTESIS DE PUEBLA
ENRIQUE ZAMORA CRUZ
EL ORBE DE TAPACHULA
OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ
AZ DE VERACRUZ
MIGUEL RAMON MARTIN AZUETA
EL QUINTANORROENSE
ALEJANDRO ENRIQUE ZENDEJAS
IMPULSO DE TOLUCA
DIRECTOR JURÍDICO
JESÚS ARMANDO LIÓGON BELTRÁN
VOCALES
EUGENIO MERCADO SANCHEZ
IMAGEN DE ZACATECAS
MARÍA MORALES RUIZ
CUARTO PODER DE TUXTLA GUTIÉRREZ
PEDRO ANDRADE GONZÁLEZ
ABC DE MICHOACÁN
HERIBERTO DE ANDAR MARTINEZ
EL MAÑANA DE REYNOSA
FRANCISCO JAVIER RUIZ QUIRRIN
PRIMERA PLANA DE HERMOSILLO
GERENTE GENERAL
JULIO ERNESTO BAZAN GONZALEZ
AGENCIA DE NOTICIAS AMEX
DIRECCIÓN GENERAL
LA POSICIÓN DEL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO FRENTE AL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
viernes, 11 de septiembre de 2009
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ha analizado, desde la perspectiva del ejercicio del periodismo profesional, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional denominado Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Fopea considera imprescindible el debate que se está dando en la sociedad y en el Congreso de la Nación en torno a la necesidad de tener una nueva norma que regule a los medios audiovisuales para fomentar el pluralismo y la libertad de expresión. Creemos que el debate legislativo debe ser profundo y sin plazos pre-establecidos desde ningún sector, e instamos al Gobierno y a la oposición a lograr un amplio consenso, en un tema que creemos debería ser una política de Estado. La ley definitiva debe ser socialmente confiable, base de sustento indispensable para su pacifico acatamiento. Sería importante que se tengan en cuenta ideas y propuestas del resto de los proyectos que todavía tienen estado parlamentario. La deuda en la materia alcanza a todos los sectores que gobernaron la Argentina y es responsabilidad de todos subsanar esta falencia de la democracia.
Durante toda la historia de la radio y la televisión argentina, los mecanismos poco transparentes para la gestión de las licencias han sido la principal restricción para el desarrollo del periodismo profesional. Esto ha generado que la calidad de la información que los ciudadanos recibieron y reciben, eje de la tarea de Fopea, esté condicionada en muchos casos por acuerdos entre poderes políticos y directivos de medios, concretados a espaldas de la ciudadanía.
Como organización profesional de periodistas defendemos los valores esenciales de la democracia, la honestidad, el pluralismo y la tolerancia [1][1], y sostenemos que la información es un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado.
Por eso, Fopea considera que se debe hacer todo lo posible para fomentar un nuevo marco regulatorio y que éste sea efectivamente respetado por el Estado y los licenciatarios, en beneficio de toda la comunidad.
Después de una consulta a sus 270 socios en todo el país, de convocar a varias reuniones con expertos y de organizar conferencias abiertas en las que participaron representantes de distintos sectores involucrados, Fopea definió 16 puntos que impulsará ante los legisladores y la sociedad para que sean incorporados a la nueva legislación.
Estos puntos son los siguientes:
1. Creemos que para garantizar la calidad y la pluralidad de la información que se brinda a través de los medios, la ley debería contemplar la exigencia de que todos los medios audiovisuales cuenten con una estructura de noticiero y programas periodísticos propios -- solventados con recursos genuinos del licenciatario--, y con periodistas profesionales en relación de dependencia, cumpliendo con todas las obligaciones laborales y seguridad social, y de acuerdo al Estatuto del Periodista Profesional [2][2].
2. Proponemos que a los licenciatarios se les exija, al presentarse a una licitación, un código de ética, lineamientos de estándares profesionales y un código de conducta empresaria. Asimismo, deben comprometerse a la financiación y organización de la capacitación permanente de sus periodistas. Todas estas pautas para garantizar la calidad periodística deben poder ser demostrables. El incumplimiento de estos compromisos debe ser considerado una falta grave.
Sugerimos que la ley disponga que cada medio designe un Defensor del oyente o del televidente, de acuerdo al modelo de la Asociación Internacional de Ombudsman [3][3], considerando las categorías de medios que disponga la norma.
Debería exigirse a los licenciatarios prácticas de Responsabilidad Social Empresaria evaluables por Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen en la materia en el área específica.
3. Creemos que hay que evitar la conformación de monopolios u oligopolios públicos o privados, porque entiende que esto afecta la pluralidad y la calidad de la información que se brinda a los ciudadanos, y las condiciones del ejercicio de la profesión.
4. Sostenemos que se deben promover el federalismo y la generación de contenidos locales. Para ello, se deberán generar mecanismos que limiten la abrumadora presencia de contenidos emitidos desde Buenos Aires hacia el resto del país. Asimismo, se deberán contemplar mecanismos de financiación para la producción de programas periodísticos en cada provincia. Esas políticas de financiamiento deberán ser transparentes y no ser utilizadas para condicionar la independencia profesional.
5. Creemos que el Estado debe garantizar a toda la ciudadanía la provisión gratuita de una cantidad considerable de señales de canales y radios en todo el territorio nacional. Asimismo, debe generar una política para las emisoras de frontera que garanticen la emisión mayoritaria de señales argentinas. Avalamos, también, la propuesta de implantar un abono social, en los servicios de radiodifusión por suscripción, acorde al lugar de emplazamiento de cada señal.
6. Consideramos que los medios estatales deben ser públicos y no gubernamentales. En pos de este objetivo, sus autoridades deberán ser designadas por concurso y su gestión no deberá recibir interferencias del poder político de turno. Los noticieros y otros programas periodísticos deberán reflejar el pluralismo y la diversidad de voces existentes en la sociedad. Esta obligación es mayor aun en los medios estatales, por manejar recursos de todos los ciudadanos.
7. Proponemos que la autoridad regulatoria sea un organismo técnico independiente y autárquico del Estado y autónomo de los partidos políticos, que se encuentre sometido a las garantías del debido proceso y al control judicial, tal como señala el Informe 2008 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA [4][4]. Debería estar conducido por un Directorio designado por concurso, en términos similares al decreto presidencial 222/03, que incluya una evaluación pública de antecedentes y una posterior aprobación legislativa. Este Directorio debe tener representación federal, y sus delegaciones regionales o provinciales deben tener capacidad operativa suficiente para cumplir los objetivos de la ley.
8. Sugerimos que los criterios de selección de los miembros de la autoridad de aplicación estén vinculados a los antecedentes democráticos de los aspirantes; la experiencia en medios de comunicación o entidades afines; la formación conceptual sobre el pluralismo informativo, el regionalismo, las expresiones culturales múltiples y la ética periodística; el conocimiento sobre la legislación internacional vigente; y la exposición de un plan de trabajo plurianual.
9. Apoyamos la generación de condiciones que impidan el manejo arbitrario de la adjudicación y control de las licencias. Los mecanismos deben ser públicos y transparentes. Asimismo, alentamos la realización de audiencias públicas en el proceso de adjudicación y renovación de las licencias.
10. Sugerimos la confección de un informe sobre la situación legal de las emisoras de radio, televisión y de cable [5][5], a cargo de una Comisión específica a crearse, tomando como referencia la experiencia de Ecuador. Allí, a fines de 2008 se creó una Comisión de Auditoría de Concesión de Frecuencias de Radio y Televisión [6][6], integrada por personalidades independientes, que tras un exhaustivo trabajo de seis meses, elaboró un informe muy completo que está sirviendo para sacar finalmente de la oscuridad un tema de enorme interés público, y además mejorar la calidad del debate, pues pone la información a disposición de todos.
11. Acordamos con la propuesta de reservar un tercio de las frecuencias que se asignen en cada distrito, a universidades y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, creemos que en el sector comercial debe promoverse la existencia de empresas periodísticas pequeñas y medianas, y no sólo de las más grandes.
12. En lo que respecta al propuesto Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, sugerimos que sus conclusiones sean vinculantes y solicitamos una mayor presencia de asociaciones profesionales, sindicatos e instituciones universitarias relacionadas con la actividad periodística en su integración.
13. Creemos que es complementario con los objetivos de esta ley la aprobación de una norma que regule la forma en que el Estado, en todos sus niveles, asigna la pauta publicitaria oficial.
14. En el marco de debate que se abrió con este proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promovemos la derogación de las sanciones penales por calumnias e injurias, que pueden ser utilizadas como “leyes mordaza” y que contradicen el espíritu de lo señalado en el texto en debate.
15. Teniendo en cuenta que en los principios generales de esta ley figura un acceso más democrático a los medios y la ratificación del derecho humano a la información, creemos necesaria la sanción de una legislación amplia (nacional, provincial y municipal) que garantice el acceso a la información pública.
16. Para evitar un excesivo margen de discrecionalidad en la reglamentación de la ley por el PEN, sugerimos especificar lo más posible su articulado a partir de los consensos alcanzados en el Congreso de la Nación, en especial respecto de la conformación de la autoridad regulatoria. Asimismo, pedimos que el Poder Ejecutivo respete sin distorsiones el texto que sea sancionado en el Congreso al reglamentarlo.
Fopea considera imprescindible el debate que se está dando en la sociedad y en el Congreso de la Nación en torno a la necesidad de tener una nueva norma que regule a los medios audiovisuales para fomentar el pluralismo y la libertad de expresión. Creemos que el debate legislativo debe ser profundo y sin plazos pre-establecidos desde ningún sector, e instamos al Gobierno y a la oposición a lograr un amplio consenso, en un tema que creemos debería ser una política de Estado. La ley definitiva debe ser socialmente confiable, base de sustento indispensable para su pacifico acatamiento. Sería importante que se tengan en cuenta ideas y propuestas del resto de los proyectos que todavía tienen estado parlamentario. La deuda en la materia alcanza a todos los sectores que gobernaron la Argentina y es responsabilidad de todos subsanar esta falencia de la democracia.
Durante toda la historia de la radio y la televisión argentina, los mecanismos poco transparentes para la gestión de las licencias han sido la principal restricción para el desarrollo del periodismo profesional. Esto ha generado que la calidad de la información que los ciudadanos recibieron y reciben, eje de la tarea de Fopea, esté condicionada en muchos casos por acuerdos entre poderes políticos y directivos de medios, concretados a espaldas de la ciudadanía.
Como organización profesional de periodistas defendemos los valores esenciales de la democracia, la honestidad, el pluralismo y la tolerancia [1][1], y sostenemos que la información es un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado.
Por eso, Fopea considera que se debe hacer todo lo posible para fomentar un nuevo marco regulatorio y que éste sea efectivamente respetado por el Estado y los licenciatarios, en beneficio de toda la comunidad.
Después de una consulta a sus 270 socios en todo el país, de convocar a varias reuniones con expertos y de organizar conferencias abiertas en las que participaron representantes de distintos sectores involucrados, Fopea definió 16 puntos que impulsará ante los legisladores y la sociedad para que sean incorporados a la nueva legislación.
Estos puntos son los siguientes:
1. Creemos que para garantizar la calidad y la pluralidad de la información que se brinda a través de los medios, la ley debería contemplar la exigencia de que todos los medios audiovisuales cuenten con una estructura de noticiero y programas periodísticos propios -- solventados con recursos genuinos del licenciatario--, y con periodistas profesionales en relación de dependencia, cumpliendo con todas las obligaciones laborales y seguridad social, y de acuerdo al Estatuto del Periodista Profesional [2][2].
2. Proponemos que a los licenciatarios se les exija, al presentarse a una licitación, un código de ética, lineamientos de estándares profesionales y un código de conducta empresaria. Asimismo, deben comprometerse a la financiación y organización de la capacitación permanente de sus periodistas. Todas estas pautas para garantizar la calidad periodística deben poder ser demostrables. El incumplimiento de estos compromisos debe ser considerado una falta grave.
Sugerimos que la ley disponga que cada medio designe un Defensor del oyente o del televidente, de acuerdo al modelo de la Asociación Internacional de Ombudsman [3][3], considerando las categorías de medios que disponga la norma.
Debería exigirse a los licenciatarios prácticas de Responsabilidad Social Empresaria evaluables por Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen en la materia en el área específica.
3. Creemos que hay que evitar la conformación de monopolios u oligopolios públicos o privados, porque entiende que esto afecta la pluralidad y la calidad de la información que se brinda a los ciudadanos, y las condiciones del ejercicio de la profesión.
4. Sostenemos que se deben promover el federalismo y la generación de contenidos locales. Para ello, se deberán generar mecanismos que limiten la abrumadora presencia de contenidos emitidos desde Buenos Aires hacia el resto del país. Asimismo, se deberán contemplar mecanismos de financiación para la producción de programas periodísticos en cada provincia. Esas políticas de financiamiento deberán ser transparentes y no ser utilizadas para condicionar la independencia profesional.
5. Creemos que el Estado debe garantizar a toda la ciudadanía la provisión gratuita de una cantidad considerable de señales de canales y radios en todo el territorio nacional. Asimismo, debe generar una política para las emisoras de frontera que garanticen la emisión mayoritaria de señales argentinas. Avalamos, también, la propuesta de implantar un abono social, en los servicios de radiodifusión por suscripción, acorde al lugar de emplazamiento de cada señal.
6. Consideramos que los medios estatales deben ser públicos y no gubernamentales. En pos de este objetivo, sus autoridades deberán ser designadas por concurso y su gestión no deberá recibir interferencias del poder político de turno. Los noticieros y otros programas periodísticos deberán reflejar el pluralismo y la diversidad de voces existentes en la sociedad. Esta obligación es mayor aun en los medios estatales, por manejar recursos de todos los ciudadanos.
7. Proponemos que la autoridad regulatoria sea un organismo técnico independiente y autárquico del Estado y autónomo de los partidos políticos, que se encuentre sometido a las garantías del debido proceso y al control judicial, tal como señala el Informe 2008 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA [4][4]. Debería estar conducido por un Directorio designado por concurso, en términos similares al decreto presidencial 222/03, que incluya una evaluación pública de antecedentes y una posterior aprobación legislativa. Este Directorio debe tener representación federal, y sus delegaciones regionales o provinciales deben tener capacidad operativa suficiente para cumplir los objetivos de la ley.
8. Sugerimos que los criterios de selección de los miembros de la autoridad de aplicación estén vinculados a los antecedentes democráticos de los aspirantes; la experiencia en medios de comunicación o entidades afines; la formación conceptual sobre el pluralismo informativo, el regionalismo, las expresiones culturales múltiples y la ética periodística; el conocimiento sobre la legislación internacional vigente; y la exposición de un plan de trabajo plurianual.
9. Apoyamos la generación de condiciones que impidan el manejo arbitrario de la adjudicación y control de las licencias. Los mecanismos deben ser públicos y transparentes. Asimismo, alentamos la realización de audiencias públicas en el proceso de adjudicación y renovación de las licencias.
10. Sugerimos la confección de un informe sobre la situación legal de las emisoras de radio, televisión y de cable [5][5], a cargo de una Comisión específica a crearse, tomando como referencia la experiencia de Ecuador. Allí, a fines de 2008 se creó una Comisión de Auditoría de Concesión de Frecuencias de Radio y Televisión [6][6], integrada por personalidades independientes, que tras un exhaustivo trabajo de seis meses, elaboró un informe muy completo que está sirviendo para sacar finalmente de la oscuridad un tema de enorme interés público, y además mejorar la calidad del debate, pues pone la información a disposición de todos.
11. Acordamos con la propuesta de reservar un tercio de las frecuencias que se asignen en cada distrito, a universidades y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, creemos que en el sector comercial debe promoverse la existencia de empresas periodísticas pequeñas y medianas, y no sólo de las más grandes.
12. En lo que respecta al propuesto Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, sugerimos que sus conclusiones sean vinculantes y solicitamos una mayor presencia de asociaciones profesionales, sindicatos e instituciones universitarias relacionadas con la actividad periodística en su integración.
13. Creemos que es complementario con los objetivos de esta ley la aprobación de una norma que regule la forma en que el Estado, en todos sus niveles, asigna la pauta publicitaria oficial.
14. En el marco de debate que se abrió con este proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promovemos la derogación de las sanciones penales por calumnias e injurias, que pueden ser utilizadas como “leyes mordaza” y que contradicen el espíritu de lo señalado en el texto en debate.
15. Teniendo en cuenta que en los principios generales de esta ley figura un acceso más democrático a los medios y la ratificación del derecho humano a la información, creemos necesaria la sanción de una legislación amplia (nacional, provincial y municipal) que garantice el acceso a la información pública.
16. Para evitar un excesivo margen de discrecionalidad en la reglamentación de la ley por el PEN, sugerimos especificar lo más posible su articulado a partir de los consensos alcanzados en el Congreso de la Nación, en especial respecto de la conformación de la autoridad regulatoria. Asimismo, pedimos que el Poder Ejecutivo respete sin distorsiones el texto que sea sancionado en el Congreso al reglamentarlo.
KNIGHT INTERNATIONAL JOURNALISM FELLOW EXPLICA LOS ALCANCES DE SU LABOR EN MEXICO
martes, 1 de septiembre de 2009
KNIGHT FELLOW HELPS LAUNCH DECLARATION SUPPORTING MEXICAN JOURNALISTS
lunes, 31 de agosto de 2009
Leading journalists, government officials, human rights advocates and academics signed a Declaration on Freedom of Expression on Aug. 17 as part of an all-day program on making free speech and access to information a “social value” in Mexico.
The signing of the Declaration and related events were part of a project led by Knight International Journalism Fellow Benjamín Fernández and his local partner, the Foundation for Freedom of Expression. Fernández helped write the Declaration. He also participated in launching the foundation last year. It is designed to be a permanent advocate for the rights and safety of journalists. Mexican businessman Carlos Slim, who has media interests in Mexico and the United States, also gave his support to the Declaration and addressed the session.
The Declaration sets out 19 principles of free expression and access to information that are necessary to strengthen democracy in Mexico. “Mexico is one of the most dangerous places to exert freedom of expression, with more than 50 journalists killed in the last 10 years,” Fernández said. “The declaration breaks new ground by establishing freedom of expression as a social value among Mexicans.”
More than 200 people representing the government, media organizations, and civic and human-rights groups attended the event. They came from Mexico and 14 other Latin American countries. Former Bolivian President Carlos Mesa, a historian and journalist, gave the keynote speech at the signing ceremony at the National Museum of Anthropology in Mexico City.
Two working sessions focused on the media’s role in defending freedom and the obstacles journalists face in Latin America. ICFJ Vice President for Programs Patrick Butler spoke about the crucial role that free and independent media play in ensuring stable and prosperous democracies. “We live in a time when the sources of information available to citizens of the world are growing exponentially,” he said. “And yet, in much of the world it is becoming harder and harder to access information and express opinions freely. … At a time when the media are undergoing rapid transformation, it is essential that we reaffirm our commitment to the highest principles of free expression.”
A goal of the event was to build a coalition of citizens, government officials, human rights advocates and media groups to champion freedom of expression and open access to information, Fernández said. “We found this to be the right moment to send a clear message to those who believe that fear and death will stop the expression of ideas,” he said.
The event also was a platform for the launch of two new resources that Fernández has developed. One is an online media law service (www.caiplex.org). The service will allow journalists to ask a lawyer for information and advice about their right to gather information and how to protect themselves and their sources. “Right now, many forces work against freedom of expression including government restrictions on access to information, a judicial system that does not protect journalists and, of course, the drug cartels that attack and kill any critics in the media,” Fernández said.
The other resource is a new training manual and videos in Spanish that explain Mexico's 2003 access to information law. These resources include tutorials on how to use the access to information law, why access to information is critical to democracy, and media's role in Mexican society. "The videos show how reporters can use the new law to develop good journalism. They are designed to help them overcome the resistance to the aggressive pursuit of information that persists among journalists in Mexico," he said.
Fernández began his fellowship in 2008. Previously, he served as director of Radio Libre in Paraguay. He also was news manager for the Sistema Nacional de Televisión - Channel 9 in Paraguay. A lawyer and a journalist, Fernández's other credentials include: member of the National Constitutional Congress of Paraguay, founder of the Union of Journalists of Paraguay, and a visiting scholar at Harvard University.
The signing of the Declaration and related events were part of a project led by Knight International Journalism Fellow Benjamín Fernández and his local partner, the Foundation for Freedom of Expression. Fernández helped write the Declaration. He also participated in launching the foundation last year. It is designed to be a permanent advocate for the rights and safety of journalists. Mexican businessman Carlos Slim, who has media interests in Mexico and the United States, also gave his support to the Declaration and addressed the session.
The Declaration sets out 19 principles of free expression and access to information that are necessary to strengthen democracy in Mexico. “Mexico is one of the most dangerous places to exert freedom of expression, with more than 50 journalists killed in the last 10 years,” Fernández said. “The declaration breaks new ground by establishing freedom of expression as a social value among Mexicans.”
More than 200 people representing the government, media organizations, and civic and human-rights groups attended the event. They came from Mexico and 14 other Latin American countries. Former Bolivian President Carlos Mesa, a historian and journalist, gave the keynote speech at the signing ceremony at the National Museum of Anthropology in Mexico City.
Two working sessions focused on the media’s role in defending freedom and the obstacles journalists face in Latin America. ICFJ Vice President for Programs Patrick Butler spoke about the crucial role that free and independent media play in ensuring stable and prosperous democracies. “We live in a time when the sources of information available to citizens of the world are growing exponentially,” he said. “And yet, in much of the world it is becoming harder and harder to access information and express opinions freely. … At a time when the media are undergoing rapid transformation, it is essential that we reaffirm our commitment to the highest principles of free expression.”
A goal of the event was to build a coalition of citizens, government officials, human rights advocates and media groups to champion freedom of expression and open access to information, Fernández said. “We found this to be the right moment to send a clear message to those who believe that fear and death will stop the expression of ideas,” he said.
The event also was a platform for the launch of two new resources that Fernández has developed. One is an online media law service (www.caiplex.org). The service will allow journalists to ask a lawyer for information and advice about their right to gather information and how to protect themselves and their sources. “Right now, many forces work against freedom of expression including government restrictions on access to information, a judicial system that does not protect journalists and, of course, the drug cartels that attack and kill any critics in the media,” Fernández said.
The other resource is a new training manual and videos in Spanish that explain Mexico's 2003 access to information law. These resources include tutorials on how to use the access to information law, why access to information is critical to democracy, and media's role in Mexican society. "The videos show how reporters can use the new law to develop good journalism. They are designed to help them overcome the resistance to the aggressive pursuit of information that persists among journalists in Mexico," he said.
Fernández began his fellowship in 2008. Previously, he served as director of Radio Libre in Paraguay. He also was news manager for the Sistema Nacional de Televisión - Channel 9 in Paraguay. A lawyer and a journalist, Fernández's other credentials include: member of the National Constitutional Congress of Paraguay, founder of the Union of Journalists of Paraguay, and a visiting scholar at Harvard University.
COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN MÉXICO 2009
lunes, 24 de agosto de 2009
El pasado 17 de agosto, diversas personalidades del mundo intelectual, empresarial, académico, de los derechos humanos y político se dieron cita para atestiguar unos y signar otros, el Compromiso con la Libertad de Expresión. México 2009, compuesto por 19 principios, bajo los cuales ha de mantenerse la garantía, respeto y transparencia en el ejercicio de la libertad de expresión.
Entre los signatarios del documento estuvieron, además del presidente de la Fundalex, Armando Prida Huerta, el Ing. Carlos Slim Helú, presidente del Grupo Carso; el Dr. Carlos Mesa Gisbert, historiador, periodista y ex presidente de Bolivia; el Dr. Jorge Carpizo Mac Gregor, ex Rector de la UNAM y ex ombudsman, entre otros cargos, así como la escritora y periodista, Elena Poniatowska Amor.
También compartieron el presídium la Mtra. Eréndira Cruzvillegas, el Dip. Gerardo Priego Tapia, la Lic. Clara Luz Álvarez, el Dr. Benjamín Fernández Bogado, el Lic. Julio Rodríguez Villafañe, el Lic. René Avilés Fabila , el Senador Rafael Moreno Valle, el Lic. José Zepeda, el Sr. Julio E. Muñoz, el Mtro. Mauricio Farah Gebara, el Lic. Rolando Araya, la Dra. Perla Gómez Gallardo, el Lic. Luís Raúl González Pérez, la Ing. Xóchitl Gálvez, el Lic. Patrick Butler y el Lic. Miguel Badillo Cruz.
El documento completo del Compromiso con la Libertad de Expresión es el siguiente:
COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
MÉXICO 2009
PREÁMBULO
> REAFIRMANDO: la trascendencia de la libertad de expresión como derecho humano fundamental, que rebasa incluso el ámbito personal para constituir sociedades más libres, plurales, democráticas y respetuosas,
> RECONOCIENDO que la libertad de expresión es esencial para la participación pública y el funcionamiento de la democracia,
> CONVENCIDOS de que no es posible el goce efectivo de la libertad de expresión cuando hay miedo, oscuridad y silencio, y de que este derecho fundamental de las personas permite el desarrollo de sus capacidades e inteligencia de manera que haga posible en lo individual el pleno desarrollo de la personalidad y en lo colectivo alcanzar una paz permanente,
> COMPROMETIENDO a los distintos actores sociales para hacer de ella el fundamento del respeto y la tolerancia,
> REITERANDO que los ciudadanos son corresponsables del ejercicio de esta libertad y que ellos deben exigir a los gobiernos que cumplan su obligación de protegerla como ingrediente sustancial de las demás libertades,
> PROMOVIENDO la difusión y el acceso a las fuentes de información pública que incentiven un nivel de participación más documentado, responsable y profundo, que mejore la calidad de nuestras democracias y de la gestión de los gobiernos,
> CONCIENTES de que toda forma que reprima la libre expresión se convierte en un poderoso estímulo para dilucidar por la fuerza o la violencia los conflictos sociales,
> RECORDANDO que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 13 y 14 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y los convenios que sobre la materia hayan sido refrendados, establecen con claridad la importancia de la libertad de expresión en el desarrollo de las naciones y su garantía; nada de lo establecido en este Compromiso puede interpretarse como límite o menoscabo del alcance que dichas declaraciones y convenciones otorgan a la libertad de expresión,
> CONSIDERANDO la trascendencia de la labor de los medios de comunicación y de los periodistas para promover el libre flujo de información e ideas que permitan a las personas tomar decisiones, argumentar con propiedad y fortalecer sus democracias,
> PUGNANDO porque el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, el acceso a Internet, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la convergencia sirvan para un ejercicio pleno de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a la información,
> PIDIENDO que las obligaciones de los organismos internacionales y de los Estados en materia de libertad de expresión y derecho a la información incluyen a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos de los diferentes niveles de gobierno a partir de la división política de cada país,
> ACEPTANDO la necesidad de asegurar la libertad de expresión en América Latina, los abajo firmantes y todos quienes han colaborado para la redacción de este COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MÉXICO 2009, manifestamos nuestro entendimiento y deber con los siguientes.
PRINCIPIOS:
I. LA GARANTÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
1. La libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, así como por cualquier medio incluyendo las nuevas tecnologías. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental y un componente indispensable de la convivencia pacífica y democrática.
2. Todos los habitantes tienen la misma oportunidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión, así como la de buscar, obtener y recibir información sin restricciones.
3. Las sociedades y sus Estados están obligados a adoptar las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer su libertad de expresión y su derecho a la información en igualdad de condiciones con los demás. Para ello se deberá facilitar la información en formato accesible y sin costo adicional, considerando las necesidades de los diferentes grupos y tipos de capacidad diferenciada.
4. Es deber de la sociedad y de sus Estados promover iniciativas legislativas, ejecutivas y judiciales que eliminen todas aquellas medidas o prácticas que favorezcan un uso discrecional y/o arbitrario de la publicidad oficial.
5. Se reconoce y alienta un rol activo de la sociedad civil en la promoción, defensa, reclamo y ampliación de la libertad de expresión como un valor que permite cohesionar a los habitantes en torno a valores democráticos sólidos y demandables. Para tal efecto, la sociedad en su conjunto promoverá dicha libertad en su más amplio sentido y valor, y vigilará el cumplimiento de los gobiernos con tal garantía.
II. SALVAGUARDAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
1. Nadie deberá ser sujeto a limitación o interferencia con respecto a su libertad de expresión.
2. No podrá aplicarse a la libertad de expresión ninguna restricción fuera de la ley y, si dentro de ésta existiera alguna, deberá estar basada en un supuesto legítimo, con la justificación de una sociedad democrática y que sea una medida necesaria e imprescindible para la subsistencia del Estado o de sus habitantes. Los procedimientos deberán ser transparentes, objetivos y con mecanismos amplios de participación y debate.
III. PLURALISMO Y DIVERSIDAD
La libertad de expresión requiere la obligación de las autoridades y el compromiso de la sociedad en:
1. Promover la pluralidad de ideas y opiniones para incrementar la comprensión y la pluralidad de voces en el debate público.
2. Facilitar el acceso a los medios de comunicación, incluyendo aquellos de nuevas tecnologías, fomentando especialmente la participación de grupos minoritarios, vulnerables o marginados, como población indígena, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y niños, así como a grupos lingüísticos o culturales minoritarios.
IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
1. Las instituciones públicas son depositarias de información y deben permitir el conocimiento público, a través de normativas legales que permitan y faciliten el acceso de la ciudadanía a ese tipo de información clave para el ejercicio de una libertad de expresión responsable.
2. El derecho a la información debe estar garantizado por ley de acuerdo con los siguientes principios:
Cualquier persona tiene derecho a acceder a la información de los organismos públicos, sin necesidad de acreditar interés alguno.
Todas las personas tienen derecho a la información proveniente de las empresas u organismos descentralizados, institutos o partidos políticos, instituciones educativas, e inclusive de las empresas privadas o sindicatos, cuando operen con recursos o bienes públicos suministrados por el Estado.
Cualquiera tiene derecho a acceder a la información de las empresas privadas que sea necesaria para ejercer la protección de un derecho humano fundamental, mediando orden judicial de autoridad competente.
Ante la negativa injustificada, información deficiente o insuficiente, manipulada o falsa, deberá existir el derecho a recurrir a un organismo independiente y/o tribunal administrativo.
Los organismos públicos deberán, de oficio, publicar periódica y sistemáticamente información importante o relevante para la sociedad en general y temáticamente para públicos específicos.
3. Todos los habitantes tienen derecho al acceso y actualización de la información, así como a corregir su información personal, en caso de falsedad —o tratándose de datos sensibles—, a su supresión cuando no sea importante para la materia, ya sea guardada ésta por organismos públicos o privados, y los gobiernos dictarán las medidas necesarias para este fin.
V. EDUCACIÓN. LAS SOCIEDADES Y SUS ESTADOS:
1. Deberán obligar a las instituciones escolares a que la libertad de expresión se ejercite en todos los niveles de la vida académica para la formación de ciudadanos; a que sea ésta la forma de participar en la adquisición de conocimiento y de formación para la convivencia social.
2. Deberán asegurar que su población reciba instrucción educativa, desde los ciclos escolares iniciales y en todos los niveles posteriores, que le permita una comprensión de lectura y escritura suficiente para lograr una cultura del ejercicio pleno de la libertad de expresión.
3. Deberán también alentar la actualización de los programas universitarios dedicados a la comunicación en las materias de Libertad de Expresión, Transparencia, Derecho a la Información, Nuevas Tecnologías y Derechos Ciudadanos, para mejorar la profesionalización.
4. Y estimular el desarrollo de estudios, investigaciones y publicaciones sobre libertad de expresión, dirigidas tanto a los sectores de la comunicación, académico y estudiantil como a la sociedad en general.
VI. MEDIOS PRIVADOS
1. La sociedad y sus Estados deberán promover la más amplia participación posible en el debate nacional y en la transmisión de mensajes a través de los medios de comunicación.
2. La utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico deberá ser plenamente democrática y transparente, sin que el Estado las restrinja o limite en provecho de monopolios u oligopolios, públicos y/o privados.
3. El sistema regulador de trasmisiones deberá fomentar los medios privados, ciudadanos y comunitarios de acuerdo a los siguientes principios:
Una institución reguladora independiente y autónoma será responsable del otorgamiento de licencias o concesiones para la transmisión de señales radioeléctricas, así como para la supervisión de la no restricción en la adjudicación de las mismas.
El proceso para obtener una licencia deberá ser justo, transparente, objetivo e imparcial, debiendo promover, en todo momento, la diversidad y pluralidad de las transmisoras.
Las trasmisiones de la comunidad serán fomentadas para ampliar el acceso en comunidades pobres o rurales, por medio de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
VII. MEDIOS PÚBLICOS
Las estaciones trasmisoras administradas con recursos públicos deberán transformarse en emisoras de servicio público, auditables y sujetas a rendición de cuentas, de acuerdo con los siguientes principios:
1. Las trasmisoras públicas deben estar protegidas por una legislación que les garantice estar libres de interferencia ya sea particular, política o económica, con la finalidad de lograr sus objetivos.
2. La independencia editorial de las trasmisoras de servicio público debe estar garantizada.
3. Los habitantes de todo el territorio de un país tienen derecho al acceso y participación en las transmisiones y contenidos de medios de servicio público.
4. El ámbito de las trasmisoras públicas debe estar claramente definido e incluir la obligación de que el público reciba información completa, imparcial y políticamente plural, sobre todo en tiempos de elecciones.
VIII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1. Ningún sistema de registro para los medios de comunicación debe imponer restricciones sobre el derecho a la libertad de expresión.
2. Los medios deben:
Fomentar la autorregulación, la promoción de códigos de ética y defensores de las audiencias de los medios de comunicación.
Realizar esfuerzos para aumentar los tirajes de circulación de medios impresos, particularmente en comunidades desatendidas culturalmente.
Incentivar el respeto a la cláusula de conciencia, al derecho de réplica y al secreto profesional.
3. La falta de transparencia en los medios de comunicación provoca desconfianza en la sociedad y reduce la calidad del debate, por lo que los medios de comunicación deben comprometerse a:
Certificar sus respectivos niveles de audiencia y, en su caso, el número de ejemplares que imprimen, distribuyen, venden u obsequian con absoluta veracidad y ética.
Informar los montos de publicidad y anuncios que facturan al Estado, lo cual contribuirá a evitar privilegios injustificados o falta de equidad en la distribución de la publicidad gubernamental.
Ser transparentes en su gestión interna, cuando ésta incida en la formación de opinión pública, el derecho a la información y la libertad de expresión.
4. La empresa informativa y sus comunicadores deben ser alentados para alcanzar acuerdos que garanticen las ediciones independientes.
5. Ningún anunciante en medios de comunicación podrá retirar publicidad por motivos informativos ni buscar que se oculte información con presiones económicas.
6. Los medios de comunicaciones y las entidades privadas que provean información, incluso por Internet deberán asegurarse de utilizar formatos y servicios accesibles para todas las personas, en especial para aquellas con discapacidad.
IX. NUEVAS TECNOLOGÍAS
El acceso a las nuevas tecnologías, especialmente el Internet, como instrumento para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información, debe comprender:
1. Acceso a equipos y redes, para el uso de las nuevas tecnologías.
2. La educación en el uso de las nuevas tecnologías.
3. La promoción del desarrollo de habilidades informativas para la mayor cantidad posible de usuarios.
4. La promoción de la creación de contenidos pertinentes a la población en general.
X. ÓRGANOS REGULADORES PARA LAS TRANSMISIONES Y PARA LAS TELECOMUNICACIONES
Cualquier autoridad que ejerza atribuciones sobre el área de las trasmisiones y las telecomunicaciones debe:
1. Ser independiente, autónoma y estar protegida adecuadamente contra interferencias de cualquier naturaleza: particular, política o económica.
2. Ser formalmente responsable ante la sociedad, dotándola de mecanismos idóneos para ello.
3. Ser transparente y abierta al público en las juntas de procesos deliberativos, buscando involucrar la participación ciudadana.
4. Garantizar que la junta de gobierno o el órgano colegiado de decisión de la autoridad esté integrada por personas libres de conflictos de intereses respecto a los agentes regulados y a los partidos políticos, así como desvinculados del gobierno, con la finalidad de garantizar la imparcialidad en las decisiones.
XI. QUEJAS
1. Es necesario un sistema para atender quejas sobre la gestión de los medios de comunicación, públicos y privados; éste deberá estar disponible y ser ampliamente accesible, y deberá ser acompañado por la garantía del derecho a la réplica. Para ello, deberán existir reglas preestablecidas y códigos de conducta que indiquen el procedimiento sencillo a seguir para presentar una queja, los plazos del proceso, las recomendaciones y remedios.
2. Cualquier órgano establecido para atender las quejas sobre contenidos difundidos por los medios deberá estar protegido de interferencias políticas, económicas o de cualquier otro carácter. Los poderes de dicho órgano serán de naturaleza administrativa y conciliadora y no deberán usurpar el poder de los tribunales.
XII. PROMOCIÓN DEL PROFESIONALISMO
1. La misión de informar necesariamente importa una responsabilidad profesional. El comunicador deberá asumir la responsabilidad de su labor profesional y considerar que la calumnia, la difamación, la injuria, la alteración de pruebas, la deformación de los hechos, las acusaciones sin fundamento y la mentira son faltas profesionales graves, con consecuencias jurídicas.
2. Los profesionales de los medios serán libres para organizarse en asociaciones o uniones, nacionales e internacionales.
3. Las empresas periodísticas deben comprometerse a proveer capacitación continua al personal.
4. Sociedad y gobierno deberán promover, desde el ámbito profesional y la academia, la reflexión sobre ética periodística y responsabilidad social de los medios y su trascendencia, con el fin de fomentar la creación de mecanismos autorregulatorios que permitan elevar la calidad informativa que redunde en una mayor y mejor libertad de expresión.
XIII. MEDIDAS CONTRA LOS QUE EMITEN SU OPINIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS
1. Es condenable con severidad cualquier ataque a la libertad de expresión de quienes la ejercen en los medios, y a los medios mismos, como: las amenazas, las lesiones, el secuestro o el asesinato, así como la destrucción material de instalaciones, el diezmar al periodismo independiente, a la libertad de expresión y al libre flujo de información para el público.
2. La sociedad y sus Estados se encuentran bajo la obligación de adoptar medidas efectivas, para evitar cualquier tipo de ataques y, si ocurriesen, investigarlos, castigar a los perpetradores y asegurarse de que las víctimas tengan acceso a remedios efectivos y reparación del daño.
3. Los Estados y la sociedad civil constituirán redes de apoyo, promoción, difusión y acompañamiento jurídico para atender actos contra la libertad de expresión; redes en las que confluyan periodistas, universidades, medios de comunicación, despachos de abogados, organizaciones no gubernamentales, entidades gremiales y la sociedad toda.
XIV. DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR Y A LA PROPIA IMAGEN
1. Nadie tiene derecho a difamar o atentar en contra de la vida privada, el honor, la intimidad o el derecho a la propia imagen de las personas.
2. Las personas públicas deberán comprender que por el simple ejercicio del encargo que ocupen y ostenten, están más expuestas a críticas y controversias sustentadas.
3. Los Estados deben asegurarse de que sus leyes en contra de la difamación o ataques a la vida privada, el honor, la intimidad o el derecho a la propia imagen nunca impongan sanciones tan severas como para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Se considera una sanción severa el encarcelamiento, así como las sanciones pecuniarias excesivas.
XV. SITUACIONES DE EMERGENCIA
En situaciones de emergencia o desastres naturales, se debe respetar el derecho a la información de las personas y el ejercicio de la libertad de expresión con responsabilidad conforme a elevados estándares éticos, sin propiciar alarmas innecesarias ni situaciones de pánico.
XVI. OTRAS MEDIDAS
1. Las sociedades y sus Estados deben revisar y adecuar su marco jurídico de tal manera que no existan disposiciones que limiten o socaven el interés público en el ámbito de la libertad de expresión.
2. Los conceptos de “seguridad nacional, interés público reservado al Estado y el orden público” no deberán ser factores que inhiban la libertad de expresión y el derecho a la información, a menos que exista un interés legítimo para una restricción temporal.
XVII. MEDIDAS ECONÓMICAS
1. Las sociedades y sus Estados deben promover un ambiente económico general y una política fiscal en las que se permita fomentar los medios de comunicación.
2. La sociedad debe exigir a los Estados promover legislaciones que transparenten y regulen la equidad publicitaria; se debe evitar que los funcionarios utilicen la distribución de anuncios públicos para interferir en los contenidos de los medios.
3. Las sociedades deben exigir a sus Estados adoptar medidas efectivas para evitar la concentración monopólica u oligopólica de los medios de comunicación en un solo dueño o en pocos grupos; sin limitar el desarrollo del sector de las comunicaciones y sus tecnologías.
XVIII. PROTECCIÓN DE LAS FUENTES Y DE LOS MATERIALES PERIODÍSTICOS
1. La sociedad debe exigir a los gobiernos legislar para que haya normas que aseguren el secreto de las fuentes de información de quienes ejercen la libertad de información profesionalmente.
2. La regulación del secreto profesional debe incluir tanto las fuentes como aquellos materiales e instrumentos de trabajo a través de cuyo conocimiento se pudiera llegar a saber el origen de la información que sea de interés público.
3. La normatividad del secreto profesional debe ser absoluta cuando se trate de órganos administrativos, admitiendo excepciones por mandato judicial debidamente fundado y motivado; sólo cuando razonablemente no haya forma de conocer la fuente informativa y ello implique un riesgo real e inminente que ponga en peligro la seguridad democrática.
XIX.IMPLEMENTACIÓN
Los firmantes del presente Compromiso con la Libertad de Expresión realizaremos todos los esfuerzos, acciones y actividades de promoción, información, denuncia, de academia, de investigación, difusión y legislativas, tendientes a cumplir con los principios aquí establecidos.
Entre los signatarios del documento estuvieron, además del presidente de la Fundalex, Armando Prida Huerta, el Ing. Carlos Slim Helú, presidente del Grupo Carso; el Dr. Carlos Mesa Gisbert, historiador, periodista y ex presidente de Bolivia; el Dr. Jorge Carpizo Mac Gregor, ex Rector de la UNAM y ex ombudsman, entre otros cargos, así como la escritora y periodista, Elena Poniatowska Amor.
También compartieron el presídium la Mtra. Eréndira Cruzvillegas, el Dip. Gerardo Priego Tapia, la Lic. Clara Luz Álvarez, el Dr. Benjamín Fernández Bogado, el Lic. Julio Rodríguez Villafañe, el Lic. René Avilés Fabila , el Senador Rafael Moreno Valle, el Lic. José Zepeda, el Sr. Julio E. Muñoz, el Mtro. Mauricio Farah Gebara, el Lic. Rolando Araya, la Dra. Perla Gómez Gallardo, el Lic. Luís Raúl González Pérez, la Ing. Xóchitl Gálvez, el Lic. Patrick Butler y el Lic. Miguel Badillo Cruz.
El documento completo del Compromiso con la Libertad de Expresión es el siguiente:
COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
MÉXICO 2009
PREÁMBULO
> REAFIRMANDO: la trascendencia de la libertad de expresión como derecho humano fundamental, que rebasa incluso el ámbito personal para constituir sociedades más libres, plurales, democráticas y respetuosas,
> RECONOCIENDO que la libertad de expresión es esencial para la participación pública y el funcionamiento de la democracia,
> CONVENCIDOS de que no es posible el goce efectivo de la libertad de expresión cuando hay miedo, oscuridad y silencio, y de que este derecho fundamental de las personas permite el desarrollo de sus capacidades e inteligencia de manera que haga posible en lo individual el pleno desarrollo de la personalidad y en lo colectivo alcanzar una paz permanente,
> COMPROMETIENDO a los distintos actores sociales para hacer de ella el fundamento del respeto y la tolerancia,
> REITERANDO que los ciudadanos son corresponsables del ejercicio de esta libertad y que ellos deben exigir a los gobiernos que cumplan su obligación de protegerla como ingrediente sustancial de las demás libertades,
> PROMOVIENDO la difusión y el acceso a las fuentes de información pública que incentiven un nivel de participación más documentado, responsable y profundo, que mejore la calidad de nuestras democracias y de la gestión de los gobiernos,
> CONCIENTES de que toda forma que reprima la libre expresión se convierte en un poderoso estímulo para dilucidar por la fuerza o la violencia los conflictos sociales,
> RECORDANDO que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 13 y 14 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y los convenios que sobre la materia hayan sido refrendados, establecen con claridad la importancia de la libertad de expresión en el desarrollo de las naciones y su garantía; nada de lo establecido en este Compromiso puede interpretarse como límite o menoscabo del alcance que dichas declaraciones y convenciones otorgan a la libertad de expresión,
> CONSIDERANDO la trascendencia de la labor de los medios de comunicación y de los periodistas para promover el libre flujo de información e ideas que permitan a las personas tomar decisiones, argumentar con propiedad y fortalecer sus democracias,
> PUGNANDO porque el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, el acceso a Internet, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la convergencia sirvan para un ejercicio pleno de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a la información,
> PIDIENDO que las obligaciones de los organismos internacionales y de los Estados en materia de libertad de expresión y derecho a la información incluyen a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos de los diferentes niveles de gobierno a partir de la división política de cada país,
> ACEPTANDO la necesidad de asegurar la libertad de expresión en América Latina, los abajo firmantes y todos quienes han colaborado para la redacción de este COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MÉXICO 2009, manifestamos nuestro entendimiento y deber con los siguientes.
PRINCIPIOS:
I. LA GARANTÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
1. La libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, así como por cualquier medio incluyendo las nuevas tecnologías. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental y un componente indispensable de la convivencia pacífica y democrática.
2. Todos los habitantes tienen la misma oportunidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión, así como la de buscar, obtener y recibir información sin restricciones.
3. Las sociedades y sus Estados están obligados a adoptar las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer su libertad de expresión y su derecho a la información en igualdad de condiciones con los demás. Para ello se deberá facilitar la información en formato accesible y sin costo adicional, considerando las necesidades de los diferentes grupos y tipos de capacidad diferenciada.
4. Es deber de la sociedad y de sus Estados promover iniciativas legislativas, ejecutivas y judiciales que eliminen todas aquellas medidas o prácticas que favorezcan un uso discrecional y/o arbitrario de la publicidad oficial.
5. Se reconoce y alienta un rol activo de la sociedad civil en la promoción, defensa, reclamo y ampliación de la libertad de expresión como un valor que permite cohesionar a los habitantes en torno a valores democráticos sólidos y demandables. Para tal efecto, la sociedad en su conjunto promoverá dicha libertad en su más amplio sentido y valor, y vigilará el cumplimiento de los gobiernos con tal garantía.
II. SALVAGUARDAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
1. Nadie deberá ser sujeto a limitación o interferencia con respecto a su libertad de expresión.
2. No podrá aplicarse a la libertad de expresión ninguna restricción fuera de la ley y, si dentro de ésta existiera alguna, deberá estar basada en un supuesto legítimo, con la justificación de una sociedad democrática y que sea una medida necesaria e imprescindible para la subsistencia del Estado o de sus habitantes. Los procedimientos deberán ser transparentes, objetivos y con mecanismos amplios de participación y debate.
III. PLURALISMO Y DIVERSIDAD
La libertad de expresión requiere la obligación de las autoridades y el compromiso de la sociedad en:
1. Promover la pluralidad de ideas y opiniones para incrementar la comprensión y la pluralidad de voces en el debate público.
2. Facilitar el acceso a los medios de comunicación, incluyendo aquellos de nuevas tecnologías, fomentando especialmente la participación de grupos minoritarios, vulnerables o marginados, como población indígena, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y niños, así como a grupos lingüísticos o culturales minoritarios.
IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
1. Las instituciones públicas son depositarias de información y deben permitir el conocimiento público, a través de normativas legales que permitan y faciliten el acceso de la ciudadanía a ese tipo de información clave para el ejercicio de una libertad de expresión responsable.
2. El derecho a la información debe estar garantizado por ley de acuerdo con los siguientes principios:
Cualquier persona tiene derecho a acceder a la información de los organismos públicos, sin necesidad de acreditar interés alguno.
Todas las personas tienen derecho a la información proveniente de las empresas u organismos descentralizados, institutos o partidos políticos, instituciones educativas, e inclusive de las empresas privadas o sindicatos, cuando operen con recursos o bienes públicos suministrados por el Estado.
Cualquiera tiene derecho a acceder a la información de las empresas privadas que sea necesaria para ejercer la protección de un derecho humano fundamental, mediando orden judicial de autoridad competente.
Ante la negativa injustificada, información deficiente o insuficiente, manipulada o falsa, deberá existir el derecho a recurrir a un organismo independiente y/o tribunal administrativo.
Los organismos públicos deberán, de oficio, publicar periódica y sistemáticamente información importante o relevante para la sociedad en general y temáticamente para públicos específicos.
3. Todos los habitantes tienen derecho al acceso y actualización de la información, así como a corregir su información personal, en caso de falsedad —o tratándose de datos sensibles—, a su supresión cuando no sea importante para la materia, ya sea guardada ésta por organismos públicos o privados, y los gobiernos dictarán las medidas necesarias para este fin.
V. EDUCACIÓN. LAS SOCIEDADES Y SUS ESTADOS:
1. Deberán obligar a las instituciones escolares a que la libertad de expresión se ejercite en todos los niveles de la vida académica para la formación de ciudadanos; a que sea ésta la forma de participar en la adquisición de conocimiento y de formación para la convivencia social.
2. Deberán asegurar que su población reciba instrucción educativa, desde los ciclos escolares iniciales y en todos los niveles posteriores, que le permita una comprensión de lectura y escritura suficiente para lograr una cultura del ejercicio pleno de la libertad de expresión.
3. Deberán también alentar la actualización de los programas universitarios dedicados a la comunicación en las materias de Libertad de Expresión, Transparencia, Derecho a la Información, Nuevas Tecnologías y Derechos Ciudadanos, para mejorar la profesionalización.
4. Y estimular el desarrollo de estudios, investigaciones y publicaciones sobre libertad de expresión, dirigidas tanto a los sectores de la comunicación, académico y estudiantil como a la sociedad en general.
VI. MEDIOS PRIVADOS
1. La sociedad y sus Estados deberán promover la más amplia participación posible en el debate nacional y en la transmisión de mensajes a través de los medios de comunicación.
2. La utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico deberá ser plenamente democrática y transparente, sin que el Estado las restrinja o limite en provecho de monopolios u oligopolios, públicos y/o privados.
3. El sistema regulador de trasmisiones deberá fomentar los medios privados, ciudadanos y comunitarios de acuerdo a los siguientes principios:
Una institución reguladora independiente y autónoma será responsable del otorgamiento de licencias o concesiones para la transmisión de señales radioeléctricas, así como para la supervisión de la no restricción en la adjudicación de las mismas.
El proceso para obtener una licencia deberá ser justo, transparente, objetivo e imparcial, debiendo promover, en todo momento, la diversidad y pluralidad de las transmisoras.
Las trasmisiones de la comunidad serán fomentadas para ampliar el acceso en comunidades pobres o rurales, por medio de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
VII. MEDIOS PÚBLICOS
Las estaciones trasmisoras administradas con recursos públicos deberán transformarse en emisoras de servicio público, auditables y sujetas a rendición de cuentas, de acuerdo con los siguientes principios:
1. Las trasmisoras públicas deben estar protegidas por una legislación que les garantice estar libres de interferencia ya sea particular, política o económica, con la finalidad de lograr sus objetivos.
2. La independencia editorial de las trasmisoras de servicio público debe estar garantizada.
3. Los habitantes de todo el territorio de un país tienen derecho al acceso y participación en las transmisiones y contenidos de medios de servicio público.
4. El ámbito de las trasmisoras públicas debe estar claramente definido e incluir la obligación de que el público reciba información completa, imparcial y políticamente plural, sobre todo en tiempos de elecciones.
VIII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1. Ningún sistema de registro para los medios de comunicación debe imponer restricciones sobre el derecho a la libertad de expresión.
2. Los medios deben:
Fomentar la autorregulación, la promoción de códigos de ética y defensores de las audiencias de los medios de comunicación.
Realizar esfuerzos para aumentar los tirajes de circulación de medios impresos, particularmente en comunidades desatendidas culturalmente.
Incentivar el respeto a la cláusula de conciencia, al derecho de réplica y al secreto profesional.
3. La falta de transparencia en los medios de comunicación provoca desconfianza en la sociedad y reduce la calidad del debate, por lo que los medios de comunicación deben comprometerse a:
Certificar sus respectivos niveles de audiencia y, en su caso, el número de ejemplares que imprimen, distribuyen, venden u obsequian con absoluta veracidad y ética.
Informar los montos de publicidad y anuncios que facturan al Estado, lo cual contribuirá a evitar privilegios injustificados o falta de equidad en la distribución de la publicidad gubernamental.
Ser transparentes en su gestión interna, cuando ésta incida en la formación de opinión pública, el derecho a la información y la libertad de expresión.
4. La empresa informativa y sus comunicadores deben ser alentados para alcanzar acuerdos que garanticen las ediciones independientes.
5. Ningún anunciante en medios de comunicación podrá retirar publicidad por motivos informativos ni buscar que se oculte información con presiones económicas.
6. Los medios de comunicaciones y las entidades privadas que provean información, incluso por Internet deberán asegurarse de utilizar formatos y servicios accesibles para todas las personas, en especial para aquellas con discapacidad.
IX. NUEVAS TECNOLOGÍAS
El acceso a las nuevas tecnologías, especialmente el Internet, como instrumento para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información, debe comprender:
1. Acceso a equipos y redes, para el uso de las nuevas tecnologías.
2. La educación en el uso de las nuevas tecnologías.
3. La promoción del desarrollo de habilidades informativas para la mayor cantidad posible de usuarios.
4. La promoción de la creación de contenidos pertinentes a la población en general.
X. ÓRGANOS REGULADORES PARA LAS TRANSMISIONES Y PARA LAS TELECOMUNICACIONES
Cualquier autoridad que ejerza atribuciones sobre el área de las trasmisiones y las telecomunicaciones debe:
1. Ser independiente, autónoma y estar protegida adecuadamente contra interferencias de cualquier naturaleza: particular, política o económica.
2. Ser formalmente responsable ante la sociedad, dotándola de mecanismos idóneos para ello.
3. Ser transparente y abierta al público en las juntas de procesos deliberativos, buscando involucrar la participación ciudadana.
4. Garantizar que la junta de gobierno o el órgano colegiado de decisión de la autoridad esté integrada por personas libres de conflictos de intereses respecto a los agentes regulados y a los partidos políticos, así como desvinculados del gobierno, con la finalidad de garantizar la imparcialidad en las decisiones.
XI. QUEJAS
1. Es necesario un sistema para atender quejas sobre la gestión de los medios de comunicación, públicos y privados; éste deberá estar disponible y ser ampliamente accesible, y deberá ser acompañado por la garantía del derecho a la réplica. Para ello, deberán existir reglas preestablecidas y códigos de conducta que indiquen el procedimiento sencillo a seguir para presentar una queja, los plazos del proceso, las recomendaciones y remedios.
2. Cualquier órgano establecido para atender las quejas sobre contenidos difundidos por los medios deberá estar protegido de interferencias políticas, económicas o de cualquier otro carácter. Los poderes de dicho órgano serán de naturaleza administrativa y conciliadora y no deberán usurpar el poder de los tribunales.
XII. PROMOCIÓN DEL PROFESIONALISMO
1. La misión de informar necesariamente importa una responsabilidad profesional. El comunicador deberá asumir la responsabilidad de su labor profesional y considerar que la calumnia, la difamación, la injuria, la alteración de pruebas, la deformación de los hechos, las acusaciones sin fundamento y la mentira son faltas profesionales graves, con consecuencias jurídicas.
2. Los profesionales de los medios serán libres para organizarse en asociaciones o uniones, nacionales e internacionales.
3. Las empresas periodísticas deben comprometerse a proveer capacitación continua al personal.
4. Sociedad y gobierno deberán promover, desde el ámbito profesional y la academia, la reflexión sobre ética periodística y responsabilidad social de los medios y su trascendencia, con el fin de fomentar la creación de mecanismos autorregulatorios que permitan elevar la calidad informativa que redunde en una mayor y mejor libertad de expresión.
XIII. MEDIDAS CONTRA LOS QUE EMITEN SU OPINIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS
1. Es condenable con severidad cualquier ataque a la libertad de expresión de quienes la ejercen en los medios, y a los medios mismos, como: las amenazas, las lesiones, el secuestro o el asesinato, así como la destrucción material de instalaciones, el diezmar al periodismo independiente, a la libertad de expresión y al libre flujo de información para el público.
2. La sociedad y sus Estados se encuentran bajo la obligación de adoptar medidas efectivas, para evitar cualquier tipo de ataques y, si ocurriesen, investigarlos, castigar a los perpetradores y asegurarse de que las víctimas tengan acceso a remedios efectivos y reparación del daño.
3. Los Estados y la sociedad civil constituirán redes de apoyo, promoción, difusión y acompañamiento jurídico para atender actos contra la libertad de expresión; redes en las que confluyan periodistas, universidades, medios de comunicación, despachos de abogados, organizaciones no gubernamentales, entidades gremiales y la sociedad toda.
XIV. DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR Y A LA PROPIA IMAGEN
1. Nadie tiene derecho a difamar o atentar en contra de la vida privada, el honor, la intimidad o el derecho a la propia imagen de las personas.
2. Las personas públicas deberán comprender que por el simple ejercicio del encargo que ocupen y ostenten, están más expuestas a críticas y controversias sustentadas.
3. Los Estados deben asegurarse de que sus leyes en contra de la difamación o ataques a la vida privada, el honor, la intimidad o el derecho a la propia imagen nunca impongan sanciones tan severas como para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Se considera una sanción severa el encarcelamiento, así como las sanciones pecuniarias excesivas.
XV. SITUACIONES DE EMERGENCIA
En situaciones de emergencia o desastres naturales, se debe respetar el derecho a la información de las personas y el ejercicio de la libertad de expresión con responsabilidad conforme a elevados estándares éticos, sin propiciar alarmas innecesarias ni situaciones de pánico.
XVI. OTRAS MEDIDAS
1. Las sociedades y sus Estados deben revisar y adecuar su marco jurídico de tal manera que no existan disposiciones que limiten o socaven el interés público en el ámbito de la libertad de expresión.
2. Los conceptos de “seguridad nacional, interés público reservado al Estado y el orden público” no deberán ser factores que inhiban la libertad de expresión y el derecho a la información, a menos que exista un interés legítimo para una restricción temporal.
XVII. MEDIDAS ECONÓMICAS
1. Las sociedades y sus Estados deben promover un ambiente económico general y una política fiscal en las que se permita fomentar los medios de comunicación.
2. La sociedad debe exigir a los Estados promover legislaciones que transparenten y regulen la equidad publicitaria; se debe evitar que los funcionarios utilicen la distribución de anuncios públicos para interferir en los contenidos de los medios.
3. Las sociedades deben exigir a sus Estados adoptar medidas efectivas para evitar la concentración monopólica u oligopólica de los medios de comunicación en un solo dueño o en pocos grupos; sin limitar el desarrollo del sector de las comunicaciones y sus tecnologías.
XVIII. PROTECCIÓN DE LAS FUENTES Y DE LOS MATERIALES PERIODÍSTICOS
1. La sociedad debe exigir a los gobiernos legislar para que haya normas que aseguren el secreto de las fuentes de información de quienes ejercen la libertad de información profesionalmente.
2. La regulación del secreto profesional debe incluir tanto las fuentes como aquellos materiales e instrumentos de trabajo a través de cuyo conocimiento se pudiera llegar a saber el origen de la información que sea de interés público.
3. La normatividad del secreto profesional debe ser absoluta cuando se trate de órganos administrativos, admitiendo excepciones por mandato judicial debidamente fundado y motivado; sólo cuando razonablemente no haya forma de conocer la fuente informativa y ello implique un riesgo real e inminente que ponga en peligro la seguridad democrática.
XIX.IMPLEMENTACIÓN
Los firmantes del presente Compromiso con la Libertad de Expresión realizaremos todos los esfuerzos, acciones y actividades de promoción, información, denuncia, de academia, de investigación, difusión y legislativas, tendientes a cumplir con los principios aquí establecidos.
CRONICA DEL DIARIO "EL IMPARCIAL": DEBATEN EN OAXACA LOS EFECTOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN MEXICO
domingo, 23 de agosto de 2009
Para el doctor en leyes y ex rector de la Universidad Américana, Benjamín Fernández Bogado, es necesario que el país, en materia de transparencia, impulse el sentir de participación de una idea de civismo, que exponga al Estado en todas sus dimensiones y le permita organizarse internamente.
A su vez, añadió, que esa organización signifique recuperar el acervo, la memoria o el archivo de los estados, a fin de analizar, profundizar y cuestionar cómo se era y cómo se quiere ser.
El abogado paraguayo y también periodista reconocido en el país y el mundo, explicó que la ley de transparencia no sólo ha logrado exhibir la corrupción, sino inhibirla. Es decir, provoca el temor “de tener que exponerse a una situación de corrupción”.
Y cuestiona: ¿cuánta tolerancia tienen las personas a los casos de exhibición y cuánta presión realizan para inhibir la conducta de otros funcionarios?
De esta manera, afirmó que corresponde a los órganos de transparencia no sólo exhibir la corrupción, sino inhibir conductas similares.
El país por ejemplo, dijo en el marco del Coloquio “La transparencia en México, pasado, presente y futuro”, organizado por el Grupo Oaxaca, a ocho años, “ha mostrado un gran cambio y ha sido referencia de América Latina”.
Ante ello, se pronunció por que el país continúe con el mismo nivel de presión y compromiso, con el objetivo de hacer que la norma se perfeccione en el camino con la participación de los ciudadanos.
De igual forma, consideró importante fortalecer la capacidad didáctica y cívica con respecto a la norma, el compromiso de la ciudadanía y rescatar el archivo de la memoria de los estados.
Cabe desatacar que Fernández Bogado fue reconocido también como doctor honoris causa por la Universidad Tecnológica Intercontinental, cuenta con varias medallas al mérito académico por las universidades Americana y Metropolitana de Asunción.
Asimismo, el año pasado, ganó el Premio Municipal de literatura por su libro “A sacudirse… Claves para la construcción de una nueva República”. Aunado a ello, es autor y coautor de más de una docena de obras escritas y documentales televisivos.
A su vez, añadió, que esa organización signifique recuperar el acervo, la memoria o el archivo de los estados, a fin de analizar, profundizar y cuestionar cómo se era y cómo se quiere ser.
El abogado paraguayo y también periodista reconocido en el país y el mundo, explicó que la ley de transparencia no sólo ha logrado exhibir la corrupción, sino inhibirla. Es decir, provoca el temor “de tener que exponerse a una situación de corrupción”.
Y cuestiona: ¿cuánta tolerancia tienen las personas a los casos de exhibición y cuánta presión realizan para inhibir la conducta de otros funcionarios?
De esta manera, afirmó que corresponde a los órganos de transparencia no sólo exhibir la corrupción, sino inhibir conductas similares.
El país por ejemplo, dijo en el marco del Coloquio “La transparencia en México, pasado, presente y futuro”, organizado por el Grupo Oaxaca, a ocho años, “ha mostrado un gran cambio y ha sido referencia de América Latina”.
Ante ello, se pronunció por que el país continúe con el mismo nivel de presión y compromiso, con el objetivo de hacer que la norma se perfeccione en el camino con la participación de los ciudadanos.
De igual forma, consideró importante fortalecer la capacidad didáctica y cívica con respecto a la norma, el compromiso de la ciudadanía y rescatar el archivo de la memoria de los estados.
Cabe desatacar que Fernández Bogado fue reconocido también como doctor honoris causa por la Universidad Tecnológica Intercontinental, cuenta con varias medallas al mérito académico por las universidades Americana y Metropolitana de Asunción.
Asimismo, el año pasado, ganó el Premio Municipal de literatura por su libro “A sacudirse… Claves para la construcción de una nueva República”. Aunado a ello, es autor y coautor de más de una docena de obras escritas y documentales televisivos.
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